Comarca y empresa

Canet desmonta la campaña orquestada por la Plataforma de Afectados por Sancho Sempere contra el Ayuntamiento

La maniobra de desprestigio está organizada por el abogado José Ignacio Torres Alberich, exsocio del secretario del ayuntamiento condenado por corrupción

  • El alcalde de Canet, Pere Antoni, en el pleno extraordinario.
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CANET D'EN BERENGUER. Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer para explicar la campaña emprendida por la fantasmagórica Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere. Una entidad tras la que se esconde José Ignacio Torres Alberich, el abogado y exsocio del referido exsecretario Sancho Sempere (exsecretario del ayuntamiento condenado como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa), y que se dedica a hostigar al consistorio para que tome partido en la batalla legal entre ellos (hay varias querellas cruzadas) para esclarecer qué pasó con el dinero de la Academia Valenciana de Juristas, de la que ambos formaban parte.

Como explicó el alcalde de Canet, Pere Antoni, “nos hemos visto envueltos en una situación insólita y rocambolesca en los últimos seis meses que ha sometido al ayuntamiento a un desgaste excesivo y que, desde luego, no está motivada en ningún momento por mejorar la situación de Canet o defender los intereses de los ciudadanos. Lo peor es que, en lugar de hablar de todo lo bueno que hay, nuestra imagen está siendo dañada por un grupo de personas movidas únicamente por intereses personales”.

El pleno comenzó con un duro revés para la Plataforma, que pedía la revisión de oficio de dos expedientes tramitados por el ayuntamiento. En ambos casos, todos los grupos municipales de la oposición (Compromís, Esquerra Unida y Partido Popular), salvo Vox (que se abstuvo), apoyaron las actuaciones realizadas hasta la fecha por el equipo de gobierno y dieron su voto de confianza.

El encargado de tomar la palabra y explicar a los caneteros y caneteras la situación por la que atraviesa la localidad fue el concejal Eduardo Almor, quien recordó que, pese a todo el ruido mediático impulsado desde la Plataforma, “desde 2019, cuando este equipo de gobierno llegó a la alcaldía, se han tramitado casi 57.000 expedientes. De ellos, solo 12 han sido denunciados ante la Agencia Valenciana Anti Fraude , y ocho de ellos fueron archivados. Cuatro se saldaron con ‘recomendaciones’, y no con condenas, y en uno aún no se han pronunciado. Pese a todo, hay medios que han comparado Canet con Sicilia a partir de informaciones sin contrastar que parten de la Plataforma”.

Almor también recordó que quien hoy se ha convertido en el azote de Canet, y se presenta ante los medios como el defensor de los caneteros y caneteras, “fue en su día el abogado defensor del exsecretario Sancho Sempere, de su mujer y de su hija, además de su mano derecha en la Academia Valenciana de Juristas. De hecho, como su abogado de esta institución, consiguió que el ayuntamiento fuera condenado en cuatro ocasiones a pagar, en total, 118.467 euros a la AVJ”. El destino de ese dinero parece ser el origen de que Sancho y Torres Alberich pasaran de socios a enemigos irreconciliables.

Paralizar el ayuntamiento

La estrategia de la Plataforma para presionar al Ayuntamiento de Canet a tomar postura en el litigio que enfrenta a los exsocios consiste en inundar el registro de entrada de peticiones y, posteriormente, ponerse en contacto con la prensa para dar la sensación de que hay algo que ocultar. En los últimos seis meses, por ejemplo, ha presentado un total de 89 instancias solicitando información (en muchas ocasiones presenta el mismo documento con variaciones mínimas), incluso en casos en los que no está legitimado para hacerlo.

En otras ocasiones, para hacer creer a los medios que el ayuntamiento no vela por los intereses de los vecinos y vecinas, realiza solicitudes imposibles de atender, como pedir que se sancione a una funcionaria por hechos por los que fue absuelta en un tribunal y que prescribieron hace años.

“La situación es tal”, añadió Almor, “que recientemente varios medios, con clara intencionalidad política, aseguraban que la Fiscalía Provincial de Valencia estaba investigando al Ayuntamiento, algo que la propia institución tuvo que desmentir al día siguiente”. A continuación, concluyó que “lo que está claro es que lo que mueve a este abogado no es el bienestar de los caneteros y caneteras. Parece, más bien, que la motivación es económica, y eso sin entrar en las motivaciones políticas que parecen alentar este tipo de actuaciones”.

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