VALÈNCIA. El conflicto entre el Ayuntamiento de Alfafar y varias entidades sociales del barrio del Parque Alcosa viene marcado tras el inicio de un procedimiento administrativo para recuperar el uso de un edificio municipal que actualmente ocupan colectivos vecinales del barrio. Entre ellos, asociaciones con décadas de implantación en el municipio.

Según explica a Valencia Plaza el portavoz del PSOE en el consistorio, Rubén Martínez, se trata de entidades que llevan "alrededor de 38 años trabajando en el municipio", a través de convenios o distintas fórmulas de colaboración con la administración pública. Sin embargo, el último convenio formal, apunta, "lleva más de cinco años caducado".

El origen de la actual situación se remonta a la Dana del pasado 29 de octubre de 2024, cuando estos colectivos activaron una red de apoyo vecinal para atender a personas afectadas por la catástrofe. Las entidades utilizaron el edificio municipal Clara Campoamor —adquirido por el Ayuntamiento— como centro logístico desde el que organizaron la ayuda. En este espacio habilitaron un ropero solidario, un punto de reparto de alimentos, almacenamiento de enseres e incluso acogida para personas sin alternativa habitacional. Según el PSPV, esta actividad continúa en la actualidad, con una atención estimada de unas 300 personas.

Paralelamente, los colectivos denuncian que llevan "más de un año sin cobrar" por trabajos vinculados a la Generalitat Valenciana, administración responsable de financiar parte de su actividad. En este contexto, el Ayuntamiento ha iniciado un expediente de recuperación posesoria del inmueble —figura administrativa que en la práctica implica el desalojo— al considerar que las entidades ocupan el espacio sin título habilitante en vigor.

Desde la oposición municipal se cuestiona la decisión al entender que existen alternativas previas. "Hay medidas intermedias, como la formalización de convenios o fórmulas de cesión, que no se han explorado antes de llegar al desalojo", sostiene Martínez.

En este sentido, el portavoz socialista vincula la situación a la posición crítica de estos colectivos respecto a la gestión de la Generalitat tras la Dana. Según su relato, las entidades han tenido un papel activo en la movilización social y en la denuncia pública, especialmente contra el ex presidente Carlos Mazón. "Desde nuestro punto de vista, hay una decisión política de eliminar esta red de acción social", afirma Martínez, que habla de posibles "represalias" tanto en forma de impagos como de la apertura del expediente de desalojo.

El Ayuntamiento alega motivos sanitarios y de seguridad

Por su parte, fuentes municipales sostienen que el procedimiento responde a cuestiones técnicas y legales derivadas de una inspección sanitaria. Según explican, en el espacio se estaría desarrollando una actividad de reparto de alimentos sin los permisos necesarios ni coordinación con los servicios sociales municipales, sin facilitar datos sobre las personas atendidas y al margen de los circuitos habituales como el Banco de Alimentos.

Asimismo, apuntan a la existencia de quejas de comercios del entorno y a informes policiales que, según el consistorio, constatan que la actividad se realiza en un local municipal sin habilitación y sin cumplir los requisitos sanitarios para el almacenamiento y distribución de alimentos.

El Ayuntamiento añade que existen también problemas estructurales en el edificio, ya que el peso del material almacenado podría superar la capacidad de carga, lo que supondría un riesgo. En este sentido, señalan que hay varios informes técnicos municipales y un decreto de Secretaría del consistorio que avalan la necesidad de recuperar el espacio.

Desde el gobierno local insisten en que la medida no supone el desalojo de las entidades del barrio, sino únicamente de ese espacio concreto, y la vinculan además a futuras actuaciones como estudios geotécnicos y un proyecto de rehabilitación del edificio con fondos europeos.