VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Torrent ha constituido una comisión de investigación para revisar el contrato del gabinete de prensa municipal. La iniciativa, que nace de forma conjunta entre PSPV y Compromís, se aprobó en el pleno ordinario del pasado mes de junio con el apoyo del concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real. El equipo de gobierno, formado por el Partido Popular (PP) y Vox, votó en contra al considerar que el objeto de la investigación desvirtuaba su principal finalidad.
En un inicio, la moción planteaba fiscalizar los contratos de emergencia adjudicados tras la Dana del 29 de octubre. Sin embargo, los grupos de la oposición presentaron una enmienda a la propuesta original, por la que también se incorporaba la revisión del contrato del gabinete de comunicación, así como su adjudicación, el funcionamiento del servicio y el uso que se ha hecho del mismo desde el inicio de la legislatura.
La comisión ha comenzado sus trabajos este miércoles, con la previsión de celebrar reuniones semanales durante los próximos dos meses. Está presidida por el concejal socialista, Eduardo Gómez, y se centra en analizar si se han producido irregularidades en la contratación o si el gabinete ha funcionado según los principios de legalidad, objetividad y neutralidad institucional. El objetivo, según explican desde la oposición, es esclarecer si este servicio se ha instrumentalizado con fines políticos.
- Pleno de Torrent - Foto: AYUNTAMIENTO DE TORRENT
"Técnicas pseudomafiosas"
Desde el grupo municipal socialista, aseguran que el origen de las sospechas figura en el propio procedimiento de contratación. De hecho, el ex primer teniente de alcalde, Guillermo Alonso del Real, votó en contra de este contrato en una Junta de Gobierno, que rechazó por emplear "técnicas pseudomafiosas".
Un voto que, por sí solo, ya puso sobre la mesa algo que no estaba funcionando con normalidad. Esa disconformidad se agravó con la dimisión del entonces concejal de Hacienda, Pepe Maroto, y con la posterior salida de Alonso del Real del equipo de gobierno. Ambos participaron en la mesa de contratación y expresaron objeciones técnicas sobre el contrato que no se resolvieron.
Pocos días después, los grupos de la oposición fueron expulsados de esa misma mesa. El PSPV denuncia que este cambio fue una respuesta directa a las críticas sobre el contrato de comunicación y, por tanto, una manera de evitar el escrutinio político. Sin embargo, el malestar no se limita al procedimiento.
Lo que también preocupa a la oposición es la evolución del propio gabinete de comunicación. El edil socialista, Eduardo Gómez, denunció en el pleno de junio que el servicio funciona más como un "club de fans de la alcaldesa" que como un órgano institucional. Gómez criticó la difusión de contenidos "falseados o manipulados" y una estrategia de comunicación orientada, según sus palabras, a la promoción personal y al ataque político.
- Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent.- Foto: VP
A todo ello se ha sumado una dinámica interna que, a juicio del PSPV, ha deteriorado la convivencia entre los grupos que conforman la corporación municipal. Las mismas fuentes describen un clima enrarecido, con conflictos entre ediles del propio equipo de gobierno y una cadena de dimisiones difíciles de disimular.
El calendario de la comisión
La comisión de investigación se reunirá con periodicidad semanal durante dos meses, prorrogables por otros dos. En su primera sesión, ya se aprobó el listado de documentación que deberá analizarse: el expediente completo del contrato del gabinete de prensa, informes técnicos, facturas, nóminas, currículums del personal adscrito, recursos técnicos utilizados, notas de prensa emitidas y el calendario de trabajo del departamento.
"Queremos saber cómo se ha gestionado el dinero público, cómo se ha estructurado el gabinete y si se han respetado los principios de igualdad, mérito y legalidad", ha subrayado el portavoz socialista, Andrés Campos. Por su parte, el presidente de la comisión ha insistido en que el trabajo se hará "con seriedad", por lo que si se detectan desviaciones o irregularidades, exigirán "las responsabilidades políticas que correspondan".
El grupo socialista insiste en que esta investigación no nace "en contra de nadie", sino a favor de los ciudadanos de Torrent. Pero, lo cierto es que la comisión abre un frente delicado. En caso de demostrarse que el contrato de prensa no solo ha estado mal adjudicado, sino que ha servido para reforzar el control político desde una administración pública, el debate dejará el plano técnico y pasará a ser institucional.
