CANET D'EN BERENGUER. El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha aprobado por unanimidad la propuesta de ejercer una acción de regreso en el llamado ‘caso Vitas de Amarre’. De este modo, el consistorio aspira a recuperar parte del dinero que tuvo que abonar a la mercantil Vitas de Amarre S.L. por el fallido proyecto de crear un hotel en la localidad, un caso plagado de irregularidades (más de 276.375,55 euros). La iniciativa, a propuesta del actual equipo de gobierno, se sometió a votación en la Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada este jueves a partir de las 10 h, y contó con los votos a favor de todos los partidos con representación parlamentaria (PP, Esquerra Unida, Compromís y Vox).
La cantidad total que reclama el Ayuntamiento es de 50.144, 9 euros a dos de los participantes en el procedimiento: el exsecretario José Antonio Sancho Sempere (23.650,26 euros) y sustituto, José Rajadell Ripoll (26.494,65 euros). El primero fue condenado anteriormente como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el derecho de su función. En noviembre del año pasado, el consistorio ya acudió al Tribunal de Cuentas para reclamarle otros 151.735,52 euros por unas facturas de la llamada ‘trama de la Academia Valenciana de Juristas’, entidad de la que fue fundador.
Como explicó Pere Antoni, alcalde de Canet, “esta es una nueva iniciativa que tomamos para defender los derechos de los vecinos y las vecinas y, poco a poco, poder pasar página de una de las etapas más negras de la historia de la localidad. En este caso concreto, primero pudimos rebajar sustancialmente la cantidad que se nos exigía; ahora, vamos a intentar recuperar parte de ese dinero”.
Así, la resolución aprobada tendrá como consecuencia que se incoará la exigencia de oficio de la responsabilidad patrimonial en acción de regreso, al amparo del art. 36.2 de la Ley 40/2015. La decisión se acuerda, según el texto, por “inactividad ante incidencia obstativa de concesión administrativa con grave incidencia en la Hacienda Municipal”. A su vez, esta oposición persistente o firme en cumplimiento de una obligación se califica de “grave”.
Por último, el documento señala que “de apreciarse en cualquier momento indicios de infracción disciplinaria o de ilícito penal, se dará cuenta a los efectos oportunos, con suspensión del procedimiento en caso de prejudicialidad penal”. El Ayuntamiento comunicará ahora el acuerdo a los interesados, que tendrán 15 días para presentar sus alegaciones. Una vez esté concluido el proceso y se produzca la resolución final, se les reclamará la cantidad anunciada. En caso de no estar conformes, podrán acudir a los tribunales.
Orígenes del caso
El llamado caso Vita de Amarres S.L. comenzó en 2001, cuando el ya alcalde Enrique Altalbella, licitó el derecho de superficie para la construcción de un hotel frente a la playa de la localidad, en el lugar que había ocupado el cuartel de la Guardia Civil. El punto final llegó cuando la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condenó al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer a pagar una indemnización a la firma que impulsó el proyecto. El problema de fondo es que, aunque el expediente fue correcto en sus inicios, Costas modificó posteriormente sus demarcaciones lo que afectó a la iniciativa, y el Ayuntamiento no reaccionó a tiempo.
Así, el consistorio tuvo que hacer frente a esta obligación en dos pagos. El primero se abonó el 27 de junio de 2023 y supuso un desembolso de 263.616,95 euros. Sin embargo, la mercantil recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ganó. Así, este nuevo pronunciamiento, fechado el 24 de febrero de 2026, determinó que la cantidad total que debía abonarse ascendía a 276.375,55 euros, más intereses. Por ello, el 9 de septiembre de 2026, Canet abonó otros 12.758,60 euros. La cifra total representa el 6,3 % de los 4,4 millones que la firma reclamaba inicialmente, cantidad que el actual Ayuntamiento, presidido por el alcalde Pere Antoni, logró reducir mediante la presentación de un informe pericial.