VALÈNCIA (EFE). El pleno del Consell ha autorizado este martes la licitación para la construcción de dos edificios de viviendas mediante sistemas de edificación industrializada en los municipios de Carcaixent y Silla, en la provincia de Valencia, con una inversión estimada superior a los 25 millones de euros.
Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, en rueda de prensa, quien ha señalado que la iniciativa se enmarca en el Plan VIVE Dana impulsado por la Generalitat para acelerar la ampliación del parque público de vivienda y reforzar la capacidad de respuesta ante las necesidades habitacionales derivadas de la reconstrucción tras la dana de octubre de 2024.
En concreto, el Consell ha aprobado la contratación de la redacción de proyectos, la dirección facultativa y la ejecución de las obras de dos promociones que sumarán 88 nuevas viviendas protegidas: 52 en Carcaixent y 36 en Silla, y todas ellas se ofrecerán en alquiler asequible.
Las actuaciones se desarrollarán en un solar propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ubicado en la calle l´Horta, 4, de Silla, así como en dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Carcaixent, situadas en el Barranc de Gaianes, 35 y 36.
Barrachina ha asegurado que el objetivo de la Generalitat a través del Plan VIVE es construir 10.000 viviendas protegidas en esta legislatura, tanto de iniciativa pública como privada, y ha afirmado que en estos momentos hay en marcha 6.600.
Críticas al Gobierno central
Asimismo, ha destacado que la Comunitat Valenciana es "el primer territorio de España en la construcción de viviendas industrializadas de carácter público", frente a un Gobierno que a su juicio tiene "un gravísimo problema de vivienda" y se ha dedicado a "paralizar la construcción pública" y a "criminalizar la privada".
"Eso hace que tengamos un desplome en la oferta de viviendas y que se multipliquen los precios", ha advertido, y ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado "uno de los grades milagros económicos", que es "convertir el problema número dieciséis de los españoles, según el CIS de junio de 2018, en el primero".
Ha defendido que la Generalitat sigue haciendo su papel, pero ha criticado que la normativa estatal está haciendo "desparecer viviendas" del mercado, algo que se verá agravado con los decretos del Gobierno que apuestan por "el intervencionismo, la persecución de la propiedad y el desprecio a la nueva oferta de vivienda".
