VALÈNCIA. El Consorci de Residus V5 (COR V5) ha aprobado la propuesta económica de la tasa de tratamiento de residuos para 2027, que contempla una reducción del coste global de 1.467.409 euros, al pasar de los 34,61 millones previstos para 2026 a 33,14 millones para el próximo ejercicio. La medida salió adelante en la última asamblea celebrada en Xàtiva y contó con el respaldo de representantes del Partido Popular, Compromís y Ens Uneix; el PSPV-PSOE se abstuvo.
El presidente del Consorci de Residus V5, Elio Cabanes, ha destacado el trabajo realizado por la actual presidencia y gerencia para revisar los costes y ajustar la tasa al gasto efectivo del servicio. «Nuestra prioridad es que los vecinos de los 93 municipios no paguen más de lo que realmente cuesta el tratamiento de sus residuos. Hemos trabajado para ajustar cada partida y conseguir que cada municipio y, en consecuencia, cada unidad fiscal, pague lo justo y, siempre que la evolución de los costes y de los residuos lo permita, incluso menos».
Cabanes ha recordado que este ajuste a la baja, del 4,24 %, responde tanto a la revisión de los costes como a la obligación de adecuar la recaudación al coste efectivo. «La legislación establece que una tasa no puede superar el coste del servicio que financia. No se trata de recaudar más, sino de calcular con rigor cuánto cuesta prestar el servicio y repercutir a los usuarios únicamente la cantidad necesaria».
Previsiones para el próximo ejercicio
Las cifras aprobadas son todavía una previsión y no determinan aún la cantidad definitiva que deberá aportar cada localidad ni, por tanto, el importe que corresponderá a cada unidad fiscal o usuario, pero sí adelantan unos cálculos más ajustados. Para conocer esas cantidades será necesario disponer de los datos reales de residuos generados por cada municipio durante 2026. Las toneladas se certificarán antes del 28 de febrero de 2027 y, con esa información, el Consorcio podrá cerrar el reparto municipal, cuyas tarifas estarán calculadas antes del 31 de marzo.
La gerente del COR V5, Irene Bresó, ha explicado que el presupuesto de 2027 se divide en dos grandes bloques: una parte variable de 23,01 millones de euros, que representa el 69 % del total y depende de las toneladas y del tratamiento de los residuos de cada municipio, y una parte fija de 10,14 millones, el 31 % restante, destinada a estructura del Consorcio, ecoparques y recaudación. «La parte variable tiene en cuenta la cantidad y el tipo de residuos que genera cada municipio, mientras que la fija cubre los servicios y la estructura común del Consorcio. La evolución de ambas determina la aportación que corresponde a cada localidad».
Menos toneladas que tratar
Una de las claves de la reducción está en la menor cantidad de residuos mezclados que se prevé tratar. El estudio calcula que en 2027 se gestionarán 122.805 toneladas, frente a las 126.122 toneladas utilizadas como previsión para 2026, un descenso del 2,6 %.
A ello se suma la extensión de la recogida separada de materia orgánica, especialmente en los municipios que han implantado sistemas de recogida puerta a puerta. La previsión también incorpora la puesta en marcha de este sistema en la Mancomunidad de la Canal de Navarrés y en la Mancomunidad de la Costera-Canal.
Bresó ha señalado que la separación de la materia orgánica tiene un efecto directo en el coste del tratamiento. «Cuando los restos de comida y otros biorresiduos se separan y se gestionan por su vía específica, dejan de formar parte de la fracción resto. Esto permite reducir las toneladas de residuos mezclados que hay que tratar y repercute en el cálculo de la parte variable de la tasa».
El estudio diferencia entre la RUM, es decir, el residuo urbano mezclado o fracción resto que se deposita en el contenedor habitual, y la FORS, la fracción orgánica de recogida separada, que incluye restos de comida y otros biorresiduos depositados en el contenedor marrón o recogidos mediante sistemas específicos.
El tratamiento de una tonelada de resto cuesta 193,51 euros, mientras que el de una tonelada de orgánica se sitúa en 102,11 euros. La diferencia es de 91,40 euros por tonelada. El estudio prevé que la cantidad de orgánica tratada aumente hasta las 8.282 toneladas en 2027.
La separación de residuos se reflejará en la tasa
La mayor separación permite reducir el volumen de fracción resto y, por tanto, el coste de la parte variable. Los municipios que hayan avanzado en esta recogida selectiva podrán ver reflejado ese esfuerzo en el cálculo de su aportación, siempre en función de las toneladas que finalmente se certifiquen.
«El modelo tiene en cuenta la realidad de cada municipio. No todos generan la misma cantidad de residuos ni presentan la misma proporción entre fracción resto y orgánica. Por eso es importante disponer de los datos reales antes de cerrar el reparto», ha indicado la gerente.
La revisión también reduce gastos en varios conceptos, entre ellos la provisión para insolvencias, que baja en 671.139 euros, mientras que el impuesto de vertedero se reduce en 430.104 euros. Además, los ingresos ajenos a la tasa aumentan en 214.312 euros, hasta los 717.194 euros.
La reducción global del gasto se produce pese a que otras partidas aumentan. La inversión prevista en la red de ecoparques crece en 367.009 euros y los costes de actividad, en 188.190 euros. El Consorcio contempla, además, ampliar la atención a los usuarios con más horas de apertura de los ecoparques y habilitar subvenciones, con una partida de 240.000 euros para fomentar el compostaje y otras iniciativas medioambientales, medidas que refuerzan los servicios disponibles para la ciudadanía.
«Reducir el coste global no significa dejar de mejorar los servicios. Al contrario, la previsión contempla más recursos para la red de ecoparques, más horas de atención y ayudas para impulsar el compostaje y otras iniciativas medioambientales», ha añadido Bresó.
Medidas que pueden tomar los Ayuntamientos
La ordenanza incorpora también la posibilidad de que los Ayuntamientos de los 93 municipios consorciados apliquen un coeficiente municipal para distribuir la parte variable de la tasa entre los vecinos en función de sus aportaciones al contenedor de resto. De esta forma se atendió una de las demandas de los representantes municipales en la Comisión de Gobierno. Se trata de un mecanismo voluntario que permite trasladar al recibo individual el comportamiento de cada usuario en la separación de residuos, sin modificar el coste total asignado al municipio.
Elio Cabanes ha valorado la incorporación de esta posibilidad como una herramienta para que los ayuntamientos puedan adaptar el reparto entre sus vecinos. «La ordenanza ofrece a los municipios una opción para tener en cuenta el comportamiento de cada usuario en la separación de residuos. Es una decisión voluntaria de cada Ayuntamiento y permite reconocer ese esfuerzo sin alterar la cantidad total que corresponde aportar al municipio».
El presidente ha insistido en que el objetivo de la revisión es que el coste del servicio se traslade con precisión a los municipios y a los usuarios. «Queremos una tasa calculada con datos reales, transparente y ajustada al coste del tratamiento. Ese es el trabajo que hemos impulsado desde la presidencia y la gerencia: que los ciudadanos paguen lo que corresponde y que, cuando la gestión de los residuos permita reducir el coste, esa mejora también pueda llegar a sus recibos»..
