VALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, entre 2025 y 2026, para la tramitación de las obras de emergencia para la defensa contra avenidas y retranqueo de las obras de adecuación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Torrent (Valencia), con motivo de la dana del 29 de octubre de 2024.

Dicho acuerdo se toma en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la tramitación de estas obras.

El Ejecutivo central ha apuntado en un comunicado que, a fin de paliar los efectos producidos por las inundaciones, se han dictado diversas disposiciones que conforman un "importante paquete de ayudas y actuaciones de reacción inmediata".

En este ámbito, la Dirección General del Agua, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, juega un "papel importante" en las tareas de recuperación de la normalidad de las infraestructuras hidráulicas de las zonas afectadas.

Así, con el objetivo de recuperación de la normalidad de las zonas afectadas en la Comunitat Valenciana, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha procedido a declarar de emergencia, con fecha 28 de mayo de 2025, la actuación de obras para la defensa contra avenidas y retranqueo de las obras de adecuación de la EDAR de Torrent.

Se destinará un importe máximo de 6.242.000 euros, a partes iguales --3.121.000 euros--, en las anualidades de 2025 y 2026. La tramitación de dichas obras corresponde a la citada Dirección General.

El importe de dichos gastos se atenderá con cargo a la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', atendiendo así a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.

El Gobierno ha señalado que, dado que dicha aplicación presupuestaria carece de crédito inicial, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la anualidad de 2026, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.