VALÈNCIA. La reconstrucción tras la Dana comienza a tomar forma en el ámbito residencial. El Gobierno de España ha presentado este martes un ambicioso plan para impulsar vivienda protegida en alquiler asequible en las zonas más afectadas por la riada del 29 de octubre de 2024, con una inversión de 22,8 millones de euros y la previsión inicial de levantar cuatro o cinco promociones que sumen alrededor de 200 viviendas. En concreto, el proyecto busca movilizar suelo municipal para generar una nueva oferta de vivienda en un contexto de fuerte presión sobre el mercado habitacional. 

El proyecto, liderado por Casa 47, la empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda, se ha trasladado a alcaldes y técnicos municipales en un encuentro celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en València. En la reunión han participado la presidenta de la entidad, Leire Iglesias; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y la comisionada para la reconstrucción de la dana, Zulima Pérez.

El planteamiento pasa por que los ayuntamientos cedan parcelas de titularidad pública sobre las que el Estado asumirá la construcción y posterior gestión de las viviendas, que se destinarán a alquiler asequible de forma permanente. Durante la presentación, Bernabé ha subrayado que esta actuación forma parte del compromiso del Ejecutivo central con la recuperación de los municipios afectados por la Dana y pone el foco en uno de los principales problemas actuales: el acceso a la vivienda. En ese sentido, ha recordado que, tras la riada, cerca de 200 familias que perdieron sus hogares fueron realojadas en viviendas dependientes del Estado en los momentos más críticos.

Por su parte, Iglesias ha explicado que el plan abre una nueva fase centrada ya en la reconstrucción estable. "No se trata solo de construir, sino de garantizar que esas viviendas sigan siendo accesibles con el paso del tiempo", ha señalado. De hecho, actualmente todavía hay 22 familias alojadas en viviendas de Casa 47 en régimen de exoneración de rentas tras perder sus casas en la Dana.

El modelo establece que el precio del alquiler esté vinculado a la renta de los inquilinos. En concreto, se fija como límite que los hogares no destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, en línea con la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda. Esto implica que el precio variará según la renta mediana de cada municipio, pero siempre se situará por debajo del mercado.

Además, Casa 47 no solo construirá, sino que también gestionará las viviendas. Los procesos de adjudicación se realizarán mediante procedimientos públicos, transparentes y con control notarial, según ha detallado Iglesias, con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso.

Dos fases para la cesión de suelo

La convocatoria para que los ayuntamientos ofrezcan suelo municipal se articula en dos fases. La primera, abierta hasta el 9 de mayo, funcionará en régimen de concurrencia competitiva. En esta etapa se valorarán aspectos como la disponibilidad de suelo y, especialmente, la tensión del mercado residencial en cada municipio. "Para nosotros los mejores suelos no son solo los que permiten hacer más viviendas, sino los que están en los municipios donde los ciudadanos sufren mayor dificultad para acceder a la vivienda", ha explicado Iglesias.

A partir del 9 de mayo y hasta el 9 de septiembre se abrirá un segundo plazo en el que los ayuntamientos podrán presentar parcelas mediante adjudicación directa, siempre que permitan construir aproximadamente entre 30 y 60 viviendas y cuenten con condiciones urbanísticas adecuadas.

La estimación inicial de Casa 47 es que el programa permita desarrollar cuatro o cinco promociones que sumen en torno a 200 viviendas, aunque esta cifra dependerá de las características técnicas de los suelos finalmente cedidos. Iglesias ha insistido en que el presupuesto ya está consignado, por lo que, una vez seleccionadas las parcelas, "no habrá que esperar a nada más para ponerse manos a la obra".

Una iniciativa "muy positiva"

Desde el ámbito municipal, la acogida ha sido favorable. El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, ha valorado la iniciativa como "muy positiva" ante un problema que considera prioritario para sus vecinos, especialmente tras la Dana. Aunque el municipio no dispone de muchas parcelas, estudiará si puede aportar algún solar que cumpla los requisitos.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, quien ha destacado que el interés del proyecto reside no solo en la construcción, sino en la gestión continuada del alquiler asequible. No obstante, ha señalado que en estos momentos el municipio no dispone de suelo disponible, aunque trabaja en futuros desarrollos que puedan encajar en este tipo de programas.