VALÈNCIA. El Kolectivo de Jóvenes del Parke ha denunciado que la Generalitat Valenciana acumula seis meses de impago a los dos únicos centros de atención diurna para infancia y adolescencia, situados en municipios de l'Horta Sud afectados por la Dana del pasado 29 de octubre.

Ambos servicios, con más de 35 años de funcionamiento, dependen de un concierto con la administración autonómica que, según explica el colectivo en un comunicado, podría verse suspendido si la situación persiste.

Desde la entidad, señalan que los problemas técnicos y administrativos que motivaron el bloqueo de los pagos ya han sido subsanados, pero que, a pesar de ello, no han recibido las cantidades pertinentes. Los centros, subrayan, han mantenido su actividad de forma ininterrumpida, incluso durante la riada, gracias a la colaboración vecinal y a recursos propios. 

Califican la situación de "castigo ejemplar"

En su comunicado, el Kolectivo de Jóvenes del Parke considera que el impago y la amenaza de suspensión del concierto representan "un castigo ejemplar" hacia una población que, consideran, ha mostrado una fuerte implicación en las tareas de emergencia y reconstrucción tras la Dana.

Además, la entidad exige la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y de la vicepresidenta, Susana Camarero, a quienes responsabiliza del impago y la situación de los centros. Estas exigencias se enmarcan en la actividad de la Plataforma S.O.S. Parke, un espacio de apoyo al proyecto comunitario.

El colectivo ha convocado dos reuniones extraordinarias. La primera se celebrará el jueves 16 de octubre a las 17 horas, coincidiendo con la reapertura del Centro de Jóvenes de Massanassa, mientras que la segunda tendrá lugar el martes 21 de octubre a las 19 horas en el Centre de Cultura Contemporània "Octubre" de València.

La Generalitat asegura que el servicio asistencial se mantendrá

Por su parte, la Generalitat Valenciana sostiene que el servicio y la atención a menores y jóvenes se mantienen, y que este año la inversión destinada a programas y centros de familia, infancia y adolescencia ha aumentado un 17,8 %. Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda explican que "toda la administración, y en particular los técnicos que realizan autorizaciones y seguimiento, prestan especial atención a que los servicios se ofrezcan con las máximas garantías de seguridad y que las entidades concertadas cumplan siempre con la normativa".

En relación con el Kolectivo de Jóvenes del Parke, la Conselleria señala que la asociación ofrecía servicios en un local no autorizado, si bien se le concedió una exención temporal por parte de la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico para que pudiera continuar su labor en condiciones de excepcionalidad tras la Dana, hasta el 31 de marzo, mientras se adaptaban los espacios afectados.

El departamento recuerda que la entidad ha tenido acceso a las ayudas convocadas para la reconstrucción tanto por el tercer sector como por otras vías institucionales, y que incluso se le informó expresamente de la posibilidad de solicitarlas, aunque "no las presentó". Tampoco habría optado, según la Conselleria, a las subvenciones para infraestructuras sociosanitarias, a las que este año se han acogido 119 entidades por un total de 2,5 millones de euros.

Tras el fin del periodo de excepcionalidad, los técnicos de la Dirección General analizan la nueva ubicación del centro para comprobar los requisitos que permitan continuar con la prestación del servicio en condiciones de normalidad. El informe de inspección -añade la Generalitat- indica que actualmente no se está prestando el servicio de inserción sociolaboral, y se han iniciado los trámites necesarios para que la entidad pueda regularizar su situación y garantizar una atención adecuada y conforme a la normativa.

Desde la Conselleria concluyen que "no se ha pretendido llevar a cabo una acción de venganza ni de agresión alguna", sino que el objetivo es "garantizar la prestación del servicio público bajo los estándares de calidad exigibles" especialmente cuando se trata de menores de edad, y recuerdan la obligación de la administración de velar por el uso adecuado de los fondos públicos.