VALÈNCIA. El Pleno del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Vox para exigir al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que aceleren las actuaciones estructurales necesarias para reducir el riesgo de inundaciones en el término municipal.
La iniciativa pone el foco especialmente en el Barranco de Poyo, el barranco de l’Horteta y el barranco del Gallego, sin olvidar el resto de cauces y tributarios que condicionan el comportamiento de la cuenca. Para Vox, la protección de Torrent no puede abordarse de manera aislada ni limitarse a actuaciones puntuales después de cada episodio de lluvias, sino que requiere soluciones estructurales y una planificación global de la cuenca. "El motivo de esta moción no es otro que buscar un compromiso claro para que las actuaciones hidráulicas necesarias en los barrancos que afectan a Torrent y a los municipios de nuestro entorno, especialmente aquellas que deben realizarse aguas arriba, se materialicen y se ejecuten", ha manifestado el concejal de VOX, Santiago Calatayud.
La moción recuerda que la Dana del 29 de octubre de 2024 evidenció de forma trágica el riesgo al que está expuesta l’Horta Sud y considera que, tras aquella tragedia, la reconstrucción y reparación de daños deben ir acompañadas de actuaciones destinadas a evitar o reducir las consecuencias de futuras avenidas.
En su exposición, Calatayud ha señalado que la propia CHJ informó el pasado 22 de julio de que continúa trabajando en la redacción de diez proyectos destinados a reducir el riesgo de inundación en las cuencas del Poyo, Magro y Pozalet-Saleta. Según el organismo de cuenca, las primeras propuestas estarían disponibles durante el otoño de 2026 y posteriormente deberían someterse a participación pública antes de definir las soluciones finales. Entre las actuaciones contempladas se encuentran mejoras de la capacidad hidráulica del barranco del Poyo, zonas de almacenamiento controlado y la conexión del Poyo con el nuevo cauce del Turia.
La formación recuerda además que en 2021 ya se había adjudicado la redacción del proyecto denominado "Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia", una actuación que, cinco años después, continúa sin haberse materializado como infraestructura operativa.
"Torrent no puede seguir esperando indefinidamente a que se redacten proyectos mientras nuestros vecinos siguen expuestos al riesgo de nuevas inundaciones”, ha denunciado Calatayud. “Después de lo ocurrido en octubre de 2024, no basta con reparar los daños cada vez que se produce una catástrofe. Necesitamos que las soluciones estructurales se ejecuten y que los vecinos conozcan cuándo, cómo y con qué presupuesto se van a realizar".
En este sentido, la moción aprobada reclama a la CHJ una memoria cronológica de todos los proyectos, estudios y actuaciones desarrollados desde 2021, especificando cuáles se han ejecutado, cuáles permanecen pendientes y cuáles han sido modificados, sustituidos o descartados. Asimismo, Vox exige información detallada sobre las inversiones realizadas tras la Dana, diferenciando las obras de emergencia y reparación de las verdaderas actuaciones estructurales de reducción del riesgo.
Entre los acuerdos aprobados también se encuentra la petición de un cronograma público y detallado para cada actuación pendiente, incluyendo redacción, información pública, tramitación ambiental, aprobación, licitación, adjudicación, inicio y finalización de las obras, así como la financiación prevista.
"Los torrentinos tienen derecho a saber qué se ha hecho, qué falta por hacer y cuándo se va a hacer", ha defendido el concejal de Vox. "No queremos más anuncios ni calendarios que se prolonguen durante años. Queremos obras ejecutadas, financiación y un compromiso verificable con la seguridad de nuestros vecinos".
Finalmente, la moción contempla que, si la CHJ no concreta las actuaciones necesarias, no establece plazos ciertos o no responde de manera suficiente a los requerimientos del Ayuntamiento de Torrent, se impulse ante el Pleno una iniciativa dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica para evaluar las responsabilidades derivadas de la gestión de la Presidencia de la CHJ y de su presidente, Miguel Polo.
