VALÈNCIA. El grupo municipal del Partido Popular (PP) de Alboraya ha presentado, para debatir en el pleno de este jueves, una moción para exigir explicaciones al equipo de gobierno de PSOE y Compromís por el "pago indebido" del IBI al Ayuntamiento de Valencia desde el año 2017 por los terrenos donde se ubica el Palau d’Esports.

Aunque esta zona pertenece formalmente al término municipal de Valencia, todos los servicios públicos como la limpieza, alumbrado, recogida de residuos, seguridad ciudadana o mantenimiento, son prestados y sufragados por Alboraya, lo que supone una situación anómala e injusta, según los populares.

El PP recuerda que este pago comenzó en 2017, cuando el Ayuntamiento de Alboraya ya estaba gobernado por el PSOE y que desde entonces no se ha realizado ninguna gestión para poner en orden esta situación.

Una situación creada por el cambio de gobierno de Valencia en 2015 con la entrada  en el cap i casal del tripartito formado por Compromis, PSOE y Valencia en Comú. Anteriormente, ningún gobierno había reclamado nada porque se entendía que estaba en vías de solucionar la situación de esos terrenos. Algo que con la entrada del gobierno de izquierdas se dinamitó. 

“Estamos ante un desequilibrio económico e institucional evidente: Alboraya presta los servicios y asume los costes, mientras València percibe la recaudación del IBI. Esto supone un perjuicio directo a las arcas municipales y un trato injusto hacia los vecinos y vecinas de Alboraya”, denuncian desde el grupo popular.

Por ello, el PP ha presentado una moción que insta al gobierno local formado por PSOE y Compromís a actuar. En concreto, el texto propone solicitar formalmente al Ayuntamiento de València la revisión del IBI cobrado y una compensación económica por los servicios que presta Alboraya en esa zona. Asimismo, requiere a los servicios técnicos municipales un informe detallado de los servicios prestados por Alboraya en la zona del término de Valencia y de los costes para poder fundamentar una reclamación económica contra el Ayuntamiento de Valencia y Alboraya pueda resarcirse por la prestación de los servicios prestados a Valencia.

Por otra parte, la moción insta al departamento jurídico del Consistorio de Alboraya que emita un informe sobre las posibles consecuencias jurídicas y judiciales que pudieran derivarse por la prestación de servicios públicos que realiza el Ayuntamiento en zonas que no son de Alboraya. Del mismo modo, el texto exige remitir a los grupos políticos un certificado de Intervención con las cantidades totales abonadas a Valencia en concepto de IBI.