VALÈNCIA (EFE). El PSPV-PSOE de Albal ha criticado este viernes que, seis meses de las inundaciones por la dana, "las campas de coches siguen creciendo, a la vista de todos" y la localidad sigue convertida "en un cementerio de coches" asolados por las inundaciones del 29 de octubre.

"Más de 3.000 vehículos quedaron siniestrados tras las inundaciones, generando un grave problema que otros municipios ya han resuelto", ha afirmado la portavoz socialista en Albal, Lola Martínez, quien ha explicado que la imagen de "las montañas de coches aún recuerda la magnitud de la catástrofe".

Martínez ha señalado en un comunicado que, "si no saben gestionar ni la basura del día a día, cómo van a ser capaces de quitarse esto de encima", y ha calificado de ineficaz la gestión de la reconstrucción por parte del Gobierno local.

Según ha afirmado, mientras los demás municipios "actúan con diligencia, alcanzando acuerdos con desguaces para retirar los vehículos", el Gobierno local que dirige José Miquel Ferris (PP) "ha confiado este trabajo a una empresa de una manera poco transparente y, a su vez, nada diligente".

La portavoz socialista ha afirmado que desde el 28 de febrero, según normativa estatal, estos vehículos siniestrados ya son considerados residuos urbanos, lo que exige su retirada inmediata por los riesgos ambientales y sanitarios, pero Albal "sigue siendo zona de acopio de vehículos de otros pueblos, alimentando las campas en lugar de vaciarlas".

La acumulación de estos residuos es "un claro incumplimiento legal y un peligro ambiental, por el riesgo de filtraciones tóxicas al subsuelo”, ha afirmado Martínez, quien ha señalado que muchos vecinos trasladan que siguen sin poder tramitar las ayudas o cancelaciones de seguros, al no disponer del certificado de baja definitiva de la DGT.

Los socialistas afirman que las calles del polígono El Braç del Vicari han sido "ocupadas de manera irregular" por la empresa de desguace contratada por el Ayuntamiento, impidiendo el acceso a parcelas privadas y bloqueando su uso, venta o alquiler, lo que ha generado "reclamaciones por daños valorados en hasta 300.000 euros, quejas que se han ocultado a la oposición".