VALÈNCIA. El Puig de Santa Maria se ha convertido en uno de los municipios de referencia en la promoción de vivienda protegida de l'Horta Nord. Con 309 inmuebles adjudicados dentro del Plan Vive de la Generalitat Valenciana, la localidad ha realizado una importante apuesta por ampliar su oferta residencial mediante la cesión de tres parcelas municipales. Sin embargo, la comercialización de las primeras viviendas ha abierto un nuevo frente: los precios anunciados alcanzan los 273.954 euros antes de impuestos y se aproximan a los 300.000 euros con los gastos asociados a la compra, unas cantidades que han provocado el malestar del propio Ayuntamiento.
La controversia surge después de que una de las promotoras adjudicatarias haya anunciado la comercialización de viviendas protegidas distribuidas en dos promociones. Los inmuebles, de uno, dos y tres dormitorios, parten de los 162.555 euros para las opciones más pequeñas y alcanzan los 273.954 euros para las de mayor superficie. Aunque se trata de viviendas sometidas a un régimen de protección pública, sus precios han despertado dudas al Ayuntamiento sobre hasta qué punto pueden facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y las familias del municipio.
El alcalde de El Puig, Marc Oriola, ha mostrado su rechazo a los importes anunciados, que considera excesivos para tratarse de viviendas protegidas. "Es una barbaridad de precios, es prácticamente lo mismo que una vivienda libre", ha señalado el primer edil en declaraciones a Valencia Plaza. Una situación que ha llevado al consistorio a solicitar reuniones urgentes con las dos empresas encargadas de desarrollar las promociones, así como con la dirección general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), con el objetivo de aclarar los importes anunciados.
Oriola ha insistido en que "estos precios no pueden ser" y ha explicado que el Ayuntamiento pretende ofrecer más información a la ciudadanía una vez se hayan llevado a cabo los encuentros con las partes implicadas. El consistorio recuerda que puso gratuitamente a disposición de la Generalitat tres parcelas municipales precisamente para favorecer la construcción de vivienda asequible, por lo que considera necesario aclarar cómo se han establecido los precios de comercialización.

- Un edificio en construcción. -
- Foto: EDUARDO MANZANA
Más de 300 viviendas sobre tres parcelas municipales
La polémica contrasta con el volumen de vivienda protegida que El Puig ha conseguido impulsar durante la actual legislatura. El pasado mes de agosto, la Generalitat adjudicó tres parcelas municipales para construir un total de 309 viviendas de protección pública, una cifra superior a las 264 que inicialmente se habían anunciado para estos terrenos.
La mayor promoción se desarrollará en la calle Rodríguez de Trujillo, donde la empresa At Espacios, participada por Grupo Ática y Atitlan, construirá 132 viviendas. De ellas, 30 pasarán a formar parte del parque público de la Generalitat.
La segunda actuación se sitúa en el número 2 de la calle Max Aub. En este caso, Crossmar Castellón, perteneciente a Xiob Grup, tiene adjudicada la construcción de 99 viviendas, de las cuales 26 se incorporarán al parque público autonómico. Finalmente, en el número 4 de Max Aub, Fomento Vivienda Asequible, también vinculada a Grupo Ática y Atitlan, desarrollará otras 78 viviendas, con 16 destinadas a la administración autonómica.
En conjunto, las tres promociones permitirán incorporar 237 viviendas protegidas destinadas a la venta y otras 72 de titularidad pública para alquiler asequible. Estas últimas se integrarán en el parque de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), con un procedimiento de acceso diferenciado del de las viviendas comercializadas por las promotoras.
El proyecto se articula mediante el sistema de permuta a cambio de obra futura. A través de esta fórmula, las empresas adjudicatarias reciben los terrenos y, como contraprestación, entregan a la administración una parte de las viviendas construidas. En el caso de El Puig, las 72 viviendas destinadas a la EVHA fueron valoradas en aproximadamente 8,6 millones de euros en la adjudicación.
El Ayuntamiento reclama viviendas realmente asequibles
El objetivo de Ayuntamiento era aprovechar las parcelas municipales disponibles para ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda. Sin embargo, la publicación de los primeros precios ha generado una situación que el equipo de gobierno considera necesario revisar. El alcalde ha defendido la necesidad de aclarar las condiciones económicas de las promociones y ha trasladado su preocupación por unas cantidades que, a su juicio, se asemejan a las del mercado libre.
El Ayuntamiento queda ahora a la espera de abordar esta cuestión con las promotoras y la administración autonómica para conocer las posibilidades de actuación. De esta manera, El Puig afronta una paradoja en su política residencial: ha conseguido movilizar suelo público para impulsar más de 300 viviendas protegidas, pero ahora reclama que los precios de parte de esa oferta no terminen convirtiéndose en una nueva barrera de acceso para los mismos vecinos a los que se pretendía beneficiar.
