VALÈNCIA. Tras semanas de incertidumbre, cinco familias de Rocafort que hasta hace poco residían en viviendas de la Sareb, la sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de la banca rescatada, podrán acceder a una nueva solución habitacional. Estas personas, desalojadas el pasado 23 de enero, llevaban meses reclamando un alquiler social y, finalmente, una resolución judicial ha ordenado que se les proporcione una alternativa adecuada. De hecho, según explican a Valencia Plaza desde el Sindicat d’Habitatge de València (SHV), su reubicación está prevista para este miércoles 5 de febrero.
El SHV sostiene que muchas de las familias desalojadas residían en bloques en situación de vulnerabilidad y llevaban dos años tratando de negociar el acceso a un alquiler social. En total, el desalojo afectó a siete viviendas, aunque solo cinco estaban ocupadas. Finalmente, el sindicato ha conseguido el realojo de las familias de cuatro de esas cinco viviendas. Según explican, el pasado 22 de enero la Policía Local notificó a los ocupantes de la inminente salida de las viviendas, que se realizó al día siguiente "sin que los afectados tuvieran tiempo para recurrir por la vía judicial".
Desde el SHV, afirman a este diario que el proceso presentó "irregularidades", como la falta de notificación previa, la ausencia de defensa jurídica gratuita y la autorización del uso de la fuerza. Según el sindicato, los procedimientos judiciales abiertos en Moncada aseguraban la permanencia de las familias, pero la ejecución del desalojo se aceleró sin darles opción a defenderse legalmente.
Asimismo, denuncian que la Sareb conocía la existencia de estos procedimientos y, aun así, impulsó el desalojo "sin respetar los acuerdos previos sobre alquileres sociales". Por otra parte, el sindicato señala que la demora en la ejecución del realojo, a pesar de la orden judicial, demuestra "una falta de compromiso" con la solución del conflicto.
- Desalojo de las familias afectadas en Rocafort, el pasado 23 de enero -
- SHV
Sin embargo, desde la Sareb explican a este diario que la promoción en cuestión llegó a su cartera hace años y que presentaba una situación compleja, con numerosas viviendas ya habitadas de manera irregular. La entidad subraya que su protocolo garantiza un trato adecuado a las familias vulnerables, ofreciendo alquileres sociales a quienes cumplen con los requisitos de colaboración y ausencia de conflictividad.
En el caso de Rocafort, la Sareb afirma haber firmado nueve alquileres sociales y justifica los desalojos del pasado 23 de enero en la "falta de colaboración" y "la conflictividad" de algunos ocupantes.
El papel del Ayuntamiento de Rocafort
Por otra parte, el SHV también denuncia la "falta de implicación" del Ayuntamiento de Rocafort en la búsqueda de soluciones para las familias afectadas. Según el sindicato, el consistorio no solo ha evitado intervenir en el conflicto, sino que además “ha dificultado” el acceso a servicios municipales como el empadronamiento, a través de una moción aprobada en pleno, lo que impide que las familias puedan acceder a ayudas sociales básicas.
Del mismo modo, afirman que la Policía Local ha actuado con "actitud intimidatoria" hacia los residentes en varias ocasiones. Sin embargo, fuentes municipales consultadas por Valencia Plaza señalan que el consistorio no tiene competencia en la gestión de estos inmuebles y que se trata de un conflicto entre particulares.
Respecto a las críticas del sindicato sobre el empadronamiento, el Ayuntamiento de Rocafort asegura que “no hay ninguna resolución oficial que prohíba este servicio” y, al mismo tiempo, recuerdan que existen otros canales oficiales de ayuda para personas en riesgo de exclusión social.
Seguimiento judicial en la reubicación
La reubicación de las familias, programada para este miércoles a las 13:30 horas, contará con la presencia de la comitiva judicial para garantizar su cumplimiento. Esta decisión ha sido clave para desbloquear la situación, aunque desde el SHV consideran que este proceso aún está lejos de resolverse completamente.
Desde el sindicato afirman que el proceso legal sigue abierto y que la Sareb podría enfrentarse a consecuencias judiciales por su actuación en la ejecución de los desalojos. "Esto es solo una parte del proceso, seguiremos trabajando para lograr la regularización de estas viviendas", declaran desde el sindicato.
Por su parte, la Sareb destaca que los procedimientos judiciales se llevan a cabo con todas las garantías legales, sin recurrir a métodos alternativos como empresas de desocupación. En cuanto a la reciente resolución judicial que ha permitido el retorno temporal de cuatro familias, aseguran que se seguirá el protocolo de evaluación con la intervención de los servicios sociales para determinar si cumplen los criterios de vulnerabilidad y colaboración. En caso contrario, se reanudará el proceso judicial correspondiente.
