VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por Acció Ecologista-Agró y la Asociación por la Defensa del Valle de Montesa (ASVONA) contra la Línea de Alta Tensión (LAT) Almansa-Montesa. Las entidades ecologistas, que actuaban en representación de vecinos de Montesa, Moixent, Vallada y la Font de la Figuera, han anunciado que recurrirán la resolución ante el Tribunal Supremo.
Los colectivos consideran que la sentencia no responde de forma suficiente a los argumentos planteados en la demanda y sostienen que el tribunal no entra a valorar algunas de las principales alegaciones formuladas durante el procedimiento. Entre ellas, destacan la supuesta vulneración de los derechos de participación pública en materia ambiental, la falta de un estudio de alternativas para el trazado de la infraestructura o la ausencia de un análisis adecuado de los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el territorio.
Asimismo, las asociaciones defendían que la línea proyectada, de 420 kilovoltios, debía ser considerada una infraestructura de transporte eléctrico y no de evacuación, por lo que cuestionaban que pudiera ser promovida por una empresa privada. Según explican, la sentencia mantiene la calificación recogida en la Declaración de Impacto Ambiental sin entrar a analizar este extremo.
También reprochan que el fallo descarte sus argumentos sobre el impacto territorial del proyecto y su posible contribución al declive demográfico de los municipios afectados, una cuestión que, a su juicio, debía haberse valorado conforme a la legislación estatal sobre cambio climático.
Pese a las limitaciones del recurso de casación, Acció Ecologista-Agró y ASVONA han confirmado que acudirán al Tribunal Supremo para intentar que se pronuncie sobre dos cuestiones que consideran de interés jurídico: la participación de asociaciones y ciudadanos en este tipo de procedimientos y la posibilidad de que una empresa privada impulse una línea de alta tensión que, según sostienen, correspondería a la red de transporte.
Por otra parte, las entidades ecologistas han señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica les ha comunicado el archivo del expediente tras el desistimiento del promotor. No obstante, advierten de que la autorización administrativa previa no habría sido anulada, por lo que consideran que el proyecto podría reactivarse en el futuro mediante un eventual traspaso a otro promotor.
