VALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de Gandia ha presentado una modificación puntual de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana para limitar la tenencia de gallos en núcleos urbanos residenciales, con el objetivo de reforzar la protección del derecho al descanso de la ciudadanía, especialmente en zonas residenciales.
La concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, ha explicado en rueda de prensa que esta modificación "responde a propuestas vecinales con el fin de acabar con las molestias acústicas derivadas de la tenencia de determinados animales en entornos urbanos".
Según ha señalado, el consistorio ha detectado "reiteradas problemáticas derivadas del ruido producido por la presencia de gallos en zonas de alta densidad de población", lo que ha motivado "la necesidad de actuar para garantizar la convivencia y la tranquilidad del vecindario".
La modificación de la normativa establece la limitación de la tenencia de estos animales en núcleos urbanos residenciales cuando sus emisiones sonoras resulten incompatibles con el descanso vecinal, tal como ha indicado el consistorio en un comunicado.
El Ayuntamiento ha subrayado que no se trata de una "prohibición general", puesto que la presencia de estos animales continuará permitida en zonas rurales o diseminadas del término municipal, donde su convivencia con el entorno no genera conflictos.
Medida "proporcionada, razonable y ajustada"
"Es una medida proporcionada, razonable y ajustada a derecho, trabajada desde un prisma técnico y jurídico ", ha destacado la concejala.
Por su parte, el comisario principal jefe de la Policía Local de Gandía, José Martínez Espasa, ha detallado el procedimiento de tramitación de la modificación normativa. El proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de mayo y previsiblemente será sometido a aprobación provisional después de su paso por la Comisión Delegada del Pleno.
Posteriormente, se abrirá un período de exposición pública de 30 días antes de su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
El calendario previsto sitúa la entrada en vigor de la modificación en un plazo aproximado de tres meses, dependiendo del desarrollo del procedimiento administrativo.
Espasa ha indicado que las incidencias relacionadas con estas molestias podrán canalizarse a través de distintos medios, como llamadas telefónicas, contacto con la Policía de proximidad o mediante los órganos de participación ciudadana.
Las sanciones asociadas a estas situaciones se mantendrán dentro del régimen sancionador vigente de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana con multas desde los 100 hasta los 750 euros.
