VALÈNCIA (EP). Greenpeace enmarca el juicio que comienza mañana a 11 de sus activistas por una protesta contra los combustibles fósiles en 2021 en Sagunto en "un intento global de intimidación a la movilización social" porque recalca que se trató de una acción "pacífica, transparente, pública y estrictamente no violenta amparado por el derecho a la protesta", pero advierte: "No nos callarán".
Así, lo han señalado en rueda de prensa la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña; acompañada del responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho, Javier Raboso; la abogada Inés Díaz, y dos de los activistas enjuiciados, Francisco del Pozo e Ylenia Burisch, celebrada a bordo del mítico rompehielos Arctic Sunrise.
El Ministerio Fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno de los 11 activistas --de 8 nacionalidades diferentes, entre ellas 4 españoles-- por un delito de desordenes públicos agravados por esta acción, que consistió en bloquear durante gran parte de la jornada el acceso al puerto de un buque gasero proveniente de EEUU y cargado con 138.000 metros cúbicos de gas extraído mediante la técnica del fracking.
La organización ha señalado que se trata de la mayor pena jamás solicitada contra activistas medioambientales en Europa y que es "absolutamente desproporcionada" para "un acto pacífico" que "nunca debió pasar" a ser enjuiciado en el ámbito penal porque no hubo daños personales ni materiales y cuando además Greenpeace ya ha hecho frente a multas administrativas por valor de más de 160.000 euros.
El juicio comenzará mañana en la Plaza número 8 de sección Penal del Tribunal de Instancia de València y el caso ha suscitado la preocupación de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, y de Amnistía Internacional, que han anunciado su asistencia al juicio en calidad de observadores.
"El mundo nos está observando y mañana estaremos en la Ciudad de la Justicia lanzando un mensaje muy claro, defender a los 11 de Sagunto porque defenderles es defender el derecho de toda la sociedad a protestar y a exigir justicia. No vamos a pedir perdón por estar en el lado correcto de la historia, no vamos a dar ni un paso atrás", ha recalcado la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña.
Así, ha subrayado que "protestar no es un delito, es una herramienta imprescindible de progreso social y de salud democrática" y ha lamentado que es "profundamente perverso cómo se invierten las prioridades de la Justicia": "Quienes aceleran la crisis climática y obtienen beneficios multimillonarios a costa de la salud del planeta y de todas nosotras siguen sueltos con total impunidad, sin embargo quienes ponen su libertad en juego para alertar a la ciudadanía y exigir un futuro se enfrentan a peticiones completamente inéditas en Europa contra el activismo climático en un intento de corriente global de represión, para intimidar, castigar y disuadir a quienes se atreven a cuestionar los intereses de las grandes industrias contaminantes".
Al respecto, la abogada Inés Díaz "debió quedar siempre en el ámbito administrativo y no pasar nunca al penal" porque los 11 activistas "nunca alteraron la paz social, que es lo que castiga el delito por el que se les acusa". Además, ha apuntado que en el momento de la acción "solo fue detenido el capitán, que fue llevado a comisaría e interrogado" y posteriormente "sin solución de continuidad se extendió ese procedimiento a otras 10 personas que no tuvieron ninguna participación en una alteración de la paz social".
Por ello, ha señalado que mañana confían en "poder acreditar que desde el principio fue una acción no violenta". "Buena prueba de ello, es que no hay ningún responsable de la compañía ni del Puerto que nos haya reclamado ningún daño, ni hay ninguna acusación por un delito de lesiones", ha recalcado la letrada, que ha lamentado que "solo es un empecinamiento del Ministerio Fiscal en este calificar estos hechos como un delito de orden público".
En esta línea, confía en que el Ministerio Público --que ha recordado que es un órgano jerárquico, con lo que al menos la Fiscalía Provincial debe estar informada-- modifique sus conclusiones, "se demuestre la inocencia de los enjuiciados y haya una sentencia absolutoria" para que ningún activista ni organización tenga que pasar por un procedimiento similar. "Nunca se debió iniciar este procedimiento por una alteración de la paz, algo que no va en nuestro ADN, somos una organización que lleva paz en su nombre", ha subrayado.
"Inmunes al desánimo"
El activista Francisco del Pozo ha comentado que los 12 años de cárcel a los que se enfrenta por tres causas son "como 12 chinitas en el zapato, que no te molestas y siguen con tu vida, pero hay veces que se alinean y parece que es imposible continuar". No obstante, ha recalcado que fenómenos como la dana de València demuestran la necesidad de continuar con su lucha por el activismo climático: "Somos inmunes al desaliento, nos plantamos frente al derrotismo, da igual que nos pisoteen y que nos acusen de cosas absolutamente injustas, porque hay que seguir, había que parar simbólicamente y de forma pacífica ese buque cargado de gas para ejemplarizar que el cambio climático es posible".
Ylenia Burisch ha admitido que ser activista es "agotador, incomodo" y que enfrentarse a cinco años de cárcel pone su vida "en pausa". Pero, ha recalcado que son "privilegiados" por realizar el activismo en países donde existe democracia y con organizaciones como Greenpeace que les apoya durante todo el proceso y ha puesto el foco en el resto de activistas que "luchan en silencio".
"Si verdaderamente crees en lo que haces, esto no te detiene, no te silencia, la ciencia nos dice que el cambio climático trae toda esta destrucción y hay una obligación moral, legal y política a hacer lo que hacemos", ha subrayado y por ello ha confiado en la Justicia española porque "la protección de nuestro océano y la naturaleza no es un crimen y nadie debería de enfrentarse a prisión por ello".
El responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho, Javier Raboso, ha convenido que el juicio de mañana "no es un fallo del sistema", sino que es "un sistema funcionando con un engranaje perfecto de acumulación sin precedentes de poder y de intentos de silenciar la disidencia". "Nuestras democracias se nos están escapando entre las manos", ha advertido y ha exigido la derogación de la conocida como ley Mordaza.
