VALÈNCIA. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha presentado este martes al sector empresarial de Riba-roja de Túria, los avances en las obras de emergencia y la propuesta del Plan de Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones tras la Dana.
La jornada ha contado con la participación del alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, la comisionada especial para la Reconstrucción y Reparación de la Dana, Zulima Pérez, el director de la Oficina de Coordinación e Impulso del Comisionado de la Dana, Roger Llanes y Teodoro Estrela, asesor adjunto de presidencia de la CHJ.
En la actualidad, el organismo tiene en ejecución 17 obras de emergencia por un importe global de 220 millones de euros de inversión para reparar los daños ocasionados por la riada. Parte de estas obras afectarán a las áreas industriales de Riba-roja de Túria que fueron gravemente afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre de 2024. El Barranco de Poyo recibió esa jornada un caudal de 3200 metros cúbicos por segundo, de los cuales 600 se desviaron por la margen izquierda del barranco entrando directamente a los polígonos de Riba-roja de Túria.
Para evitar que esto ocurra, la CHJ está trabajando en varios frentes, por un lado en la construcción de emergencia de una mota en el Barranco de Poyo, que evitaría el desborde de, al menos, 400 metros cúbicos y desviaría el agua por el margen derecho -menos vulnerable-, garantizando la seguridad de las empresas del polígono El Oliveral y de los vecinos y vecinas de Residencial La Reva.

- Sesión informativa entre los empresarios de Ribactiva y la Comisionada del Gobierno para la Recuperación de la Dana. -
- Foto: AYUNTAMIENTO DE RIBA ROJA
En paralelo, se están ejecutando actuaciones aguas arriba, para que los caudales que llegan a Chiva a través de los diferentes barrancos que confluyen a Poyo sean menores, mediante zonas de almacenamiento de agua que permitirían reducir caudales de 1000 a 500 metros cúbicos. Uno de los principales escollos durante la Dana fue el puente sobre la A3 construido en el siglo XX, en la actualidad sin uso alguno, que actuó de dique de los miles de vehículos procedentes de las campas de vehículos anexas a la A3, que fueron arrastrados aguas abajo junto con el lodo y los troncos del barranco.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se encargará de la eliminación de dos de sus arcos para evitar que esto vuelva a ocurrir. No obstante estas obras no han sido consideradas de emergencia. Respecto a las actuaciones necesarias para mitigar el desbordamiento del Barranco de Pozalet, la CHJ incide en la necesidad de dar continuidad al propio barranco, actualmente cortado por la carretera que da acceso al PLV, con objeto de conseguir un cauce más definido y que contemple zonas de almacenamiento de agua en los términos de Loriguilla, Riba-roja de Túria, Quart y Aldaia.
Además esta actuación supondría una restauración ambiental y paisajística del Barranco de Pozalet actualmente degradado. Estos proyectos están diseñados para aumentar la capacidad hidráulica del cauce, laminando las avenidas de aguas y reduciendo la velocidad de los caudales. Una propuesta para la que la CHJ ha contado con la colaboración del Centro de Estudios y Experimentación, CEDEX mediante la elaboración de modelos hidráulicos e hidrológicos que han permitido ajustar con precisión la respuesta prevista ante episodios de avenidas.
Estrela ha informado que actualmente se está trabajando en un Real Decreto que recogerá medidas de regulación más estricta de los usos en las zonas inundables y se incorporarán medidas de resiliencia y adaptación de inundación de los elementos vulnerables. Se contempla un programa dotado con 60 millones de euros de adaptación al riesgo de inundación en edificios y viviendas, destinados a equipamientos o materiales que impidan la entrada de agua o faciliten su evacuación o la implantación de planes municipales de adaptación al riesgo o el desarrollo de SAT (Sistemas de Alerta Temprana) municipales.
Asimismo revisarán la cartografía de peligrosidad y riesgo frente a inundaciones, se va a diseñar una nueva cartografía con tramos que no se habían contemplado y la implantación de un SAT. La Confederación ha anunciado que los proyectos comenzarán a adjudicarse en la primavera de 2026 y las obras deberán estar concluidas en 2030.