VALÈNCIA. Este martes se celebra la octava y última sesión de la Comisión de Estudio Permanente de la Dana de la Diputación de Valencia. Nueve meses después de la catástrofe que se cobró 228 vidas, y cinco meses después de la primera sesión, la comisión ha estado marcada por diversas polémicas, aunque también ha contribuido a esclarecer actuaciones clave ocurridas el 29 de octubre de 2024 y durante las semanas posteriores de reconstrucción.

La sesión final servirá para aprobar las propuestas presentadas por las distintas áreas de la Diputación. Entre ellas, destaca la creación de un grupo de expertos que conozca los planes de inundaciones, evacuación e incendios de cada municipio, y actúe como enlace con el Cecopi en caso de emergencia.

También se planteará la elaboración de un inventario del material y medios disponibles en los parques y consorcios de bomberos, que pueda consultarse rápidamente en caso de urgencia, así como la posible creación de una aplicación móvil que permita a la ciudadanía conocer en tiempo real el estado de las carreteras durante situaciones de emergencia.

El objetivo es que, tras estos meses de trabajo, la comisión sirva como base para un manual de buenas prácticas con el que la Diputación pueda mejorar su respuesta ante futuras emergencias.

“Hemos conseguido hablar sobre todo lo que ha hecho la Diputación durante la Dana. También hemos conseguido hablar con los comités locales de reconstrucción y con las víctimas”, ha resaltado el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. En este sentido, el dirigente provincial ha apuntado que esta comisión, “no solo es de cara a la Dana”, sino que “el estudio sobre la Dana puede servir para mejorar el día a día de la Diputación”.

Polémica por la retirada de los bomberos

Entre los episodios más controvertidos de la comisión, destacan las declaraciones del ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, durante la segunda sesión, en relación con los efectivos que vigilaban el cauce del barranco del Poyo el día de la Dana.

Según explicó, a las 14:30 recibió desde Chiva por parte de los bomberos la información de que el caudal “había descendido”, y justificó así su decisión: “Si tú me informas, que eres la unidad a pie, que el nivel ha descendido, no sé qué hago aquí, son las dos y media y tengo ganas de comer, voy a decirlo así de claro, aunque se quede grabado me da igual, ¿qué hago?”.

Tras este comentario, se procedió a la retirada de los bomberos del barranco. Las palabras de Basset generaron una contundente reacción. En un comunicado, los sindicatos de bomberos aseguraron que personas como él tenían “toda la información necesaria y en todos los niveles para valorar correctamente la situación”, y le acusaron de intentar “tapar su incompetencia” culpando “a los de abajo”. Una semana después, Basset pidió disculpas por sus declaraciones. Cabe recordar que el entonces inspector jefe del Consorcio estuvo presente en el Cecopi durante aquella jornada.

Voz para alcaldes y familiares de las víctimas

Uno de los aspectos más valorados —y mediáticos— de la comisión ha sido la participación directa de los alcaldes de los municipios afectados, así como de las asociaciones de víctimas y damnificados por las inundaciones. Además, fue en la sexta comisión en la que junto a los alcaldes, el vicepresidente de la Generalitat y conseller para la Reconstrucción Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, reconoció no haber sido "todo lo rápido o eficaces" en la reconstrucción, aún negando negligencias. 

Los alcaldes comenzaron a intervenir a partir de la sexta sesión, junto a los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción. En la séptima sesión fue el turno de las asociaciones de víctimas y damnificados. Por su parte, los representantes de los ayuntamientos afectados coincidieron en una reclamación clara: reforzar la prevención y la gestión de barrancos y cauces, no solo dentro de sus municipios, sino especialmente aguas arriba, en los tramos donde nacen las avenidas que provocaron los desastres del 29 de octubre.

Tanto familiares de las víctimas como responsables municipales insistieron en la última sesión en que el foco político e institucional no debe centrarse únicamente en las infraestructuras, sino también en el acompañamiento emocional, la atención psicológica y la reparación sanitaria. Las localidades afectadas, subrayaron, aún luchan por recuperarse de la riada, nueve meses después.

Aunque la comisión concluye formalmente, su trabajo ha puesto de relieve la necesidad de abrir espacios de escucha y participación para que alcaldes y afectados puedan expresar sus demandas y exigir responsabilidades.