VALÈNCIA (EP). La Diputación de Valencia, gobernada por el PP y Ens Uneix, ha aprobado este jueves, en el pleno ordinario de octubre, una moción de Vox que reclamaba apoyo y asistencia a los municipios de la provincia para abordar "la problemática de los empadronamientos ilegales". El debate y la votación de esta iniciativa ha dividido al ejecutivo provincial, dado que PP ha votado a favor de la propuesta y Ens Uneix en contra junto al PSPV-PSOE y Compromís.

En la votación se ha producido un empate entre el respaldo mostrado por PP y Vox y el rechazo manifestado por Ens Uneix, los socialistas y Compromís, lo que ha llevado a repetirla. De nuevo, se ha dado otro empate porque todas las formaciones políticas se han expresado del mismo modo y ha sido el voto de calidad del presidente y miembro del PP, Vicent Mompó, el que ha hecho prosperar la moción.

Este documento plantea, como ha detallado el portavoz de Vox, Sergi Pastor, y se ha acordado, que la Diputación "ofrezca asesoramiento a los diferentes ayuntamientos" de la provincia para "dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 7 de 1985, del 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local mediante la puesta en marcha" de una serie de acciones como "realizar inspecciones y visitas periódicas por parte de las diferentes policías locales en colaboración con las autoridades y servicios municipales competentes" con el fin de "comprobar la veracidad de las informaciones proporcionadas en los registros de empadronamiento y detectar posibles casos de inmigración y empadronamiento ilegales".

Asimismo, recoge "establecer canales de denuncias anónimas a fin de que los ciudadanos puedan informar sobre posibles casos de empadronamiento ilegal de los que tengan conocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y "dar seguimiento a estos optando las medidas más oportunas en cada caso".

Igualmente, se pedía y se ha decidido que "desde las respectivas policías locales se proceda a la realización de controles de identidad, así como de verificación de la documentación de las personas con el objeto de confirmar su estatus migratorio, actuando siempre dentro de los límites establecidos por la legislación y el respeto a los derechos fundamentales".

El acuerdo se completa con otra medida, encaminada a que "las policías locales colaboren con otras instituciones y organizaciones como los servicios sociales", para obtener "información relevante" y "coordinar esfuerzos en la detención y prevención de empadronamientos ilegales".

Asimismo, contempla que la corporación provincial, "en el ejercicio de sus competencias" y para dar cumplimiento a lo anterior, destine "cuantos medios y recursos resulten oportunos". Pastor, que ha defendido la necesidad de detectar empadronamientos ilegales y de controlar que no se produzcan, ha señalado que "los ayuntamientos están obligados a mantener actualizados sus padrones para que los datos coincidan con la realidad" y ha destacado que "sin apoyo técnico ni recursos, muchos municipios no pueden controlar fraudulentas prácticas".

"Con suficientes medios"

La portavoz del PP, Reme Mazzolari, ha indicado que la moción de Vox "pone el foco en una asunto preocupante que padecen los municipios, los empadronamientos ilegales" y ha apuntado que estos "ponen en riesgo la convivencia y la seguridad ciudadana". "No estamos hablando de negar derechos a nadie" sino de que los padrones de los ayuntamientos "cuenten con suficientes medios para garantizar el cumplimiento de la ley", ha dicho la diputada, que ha agregado que "degraciadamente" tampoco se está hablando "de casos aislados".

"Estamos hablando de que tenemos mafias organizadas de funcionarios detenidos, de viviendas con hasta centenares de personas empadronadas, muchas de ellas en situación irregular. Y ante esta realidad no podemos hacer silencio, inacción o complicidad", ha continuado la representante del PP. Mazzolari ha comentado que "mientras el Gobierno mira hacia otro lado, los ayuntamientos se ven desbordados, los servicios sociales se colapsan, la sanidad se resiente y la educación se ve obligada a asumir cargas que no le corresponden", ha apostillado.

La diputada ha asegurado que "la ley exige que los padrones reflejen la realidad" y ha instado a cumplirla y a tener en cuenta a quienes la respetan. "Esta moción propone medidas concretas, inspecciones, colaboración entre cuerpos policiales, canales de denuncia ciudadana y controles de identidad y sanciones. Propone lo que la ley dice", ha insistido, a la vez que ha considerado que estas son "medidas que tendrían que estar ya en marcha" y ha dicho que la iniciativa "no va de inmigración legal o ilegal sino de que la Diputación ha de dar un paso adelante" en favor de los municipios.

La vicepresidenta primera y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha expresado el rechazo de esta formación a la moción y ha expuesto que "los padrones municipales no pueden ser un instrumento para delatar a la población inmigrante" y ha rechazado hacer discursos "con la población que viene a ganarse la vida de la mejor manera".

"Perseguir" y "castigar"

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha rechazado la iniciativa de Vox porque habla de "perseguir inmigrantes" y de "castigar" y ha destacado que "el empadronamiento es un derecho universal de todas las personas que residen en el estado español, independientemente de su situación administrativa", también para "estar localizadas". Esta idea la ha apuntado también la diputada socialista Neus Garrigues.

Gimeno ha descartado "relegar a la exclusión a los colectivos vulnerables" y ha pedido "actuar contra las mafias" y redes que trafican con seres humanos, como también ha planteado Garrigues, que ha pedido luchar contra estas "con contundencia" y "no fomentar la sospecha" sobre las personas. La representante del PSPV ha afirmado que "la seguridad real no se consigue señalando sino con justicia social", ha señalado que la moción de Vox va "de criminalizar a las personas inmigrantes" y de "intentar generar miedo y recelo entre vecinos" y se ha negado a "convertir los ayuntamientos en delegaciones policiales".

Pastor ha respondido que su moción buscaba "que los ayuntamientos tengan armas para poder luchar" no contra las personas sino contra "situaciones". "No es una moción racista, no persigue a nadie, persigue un problema y busca la forma de solucionarlo", ha dicho.