VALÈNCIA. Desde marzo de 2019, la Diputación de Valencia ha pagado alrededor de 130.000 euros al mes por el servicio de teleasistencia domiciliaria sin un contrato en vigor. Durante este periodo, el Área de Bienestar Social estaba dirigida por la diputada del PSPV, Pilar Sarrión, un cargo que, tras el cambio de gobierno en 2023, ahora ostenta la diputada del Partido Popular (PP), Inma González. La empresa adjudicataria ha seguido prestando el servicio, que resulta esencial para personas mayores o en situación de dependencia en la provincia, a través de facturación directa.

Cada pago ha requerido el levantamiento de reparos por parte del Área de Intervención, el órgano encargado de fiscalizar la legalidad de los gastos públicos. Este martes, el actual equipo de gobierno, formado por el PP y Ens Uneix, llevará a la Comisión de Bienestar Social un nuevo reparo. Pero, a diferencia de los anteriores, el trámite se produce con el proceso de contratación ya en marcha.

La licitación se encuentra en fase de valoración técnica y económica, tras cerrarse el plazo de presentación de ofertas el pasado 2 de junio. Según explican fuentes de la institución a Valencia Plaza, cuatro empresas concurren al nuevo contrato, que tendrá una duración de cinco años y cuya adjudicación está prevista para este verano.

El contrato anterior se adjudicó en 2015 a la empresa Servicios de Teleasistencia Domiciliaria S.A., con una vigencia inicial de dos años y posibilidad de dos prórrogas anuales. Estas se agotaron y la prestación se mantuvo hasta el 12 de marzo de 2019. Desde entonces, no se convocó ningún nuevo concurso y la empresa continuó prestando el servicio sin contrato, a la espera de una regularización que se ha demorado más de lo previsto.

"Queríamos acabar con una situación prolongada en el tiempo, no solo para ajustarnos a la legalidad, sino para garantizar un servicio estable y de calidad a los usuarios", aseguran estas mismas fuentes. El expediente se inició en agosto de 2024, bajo el actual equipo de gobierno, mientras que los pliegos se aprobaron el pasado mes de febrero y el proceso de licitación se cerró hace apenas una semana.

El servicio de teleasistencia permite a los usuarios contactar, mediante un dispositivo portátil, con un centro de atención las 24 horas del día y durante todo el año. En caso de emergencia, el personal especializado activa los recursos necesarios. La Diputación de Valencia lo gestiona en coordinación con los ayuntamientos de la provincia, sin coste para los usuarios.

"Durante demasiado tiempo se asumió que la empresa siguiera prestando el servicio sin contrato, solo con reparos administrativos. No es que fuera ilegal, pero sí una práctica irregular", apuntan desde la institución que dirige Vicent Mompó. La Diputación insiste en que el servicio no se ha interrumpido en ningún momento, per era necesario "normalizar la situación" y garantizar un marco contractual estable.