VALÈNCIA. El Consejo de Administración de la empresa de Gestión y Servicios de Paterna (GESPA) ha aprobado este viernes el nombramiento de Sonia Borruey como nueva directora general. Borruey es la exmujer del actual alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y el nombramiento se produce tras la salida del hasta ahora director, Francisco Javier Martínez.
Borruey, diputada autonómica por Valencia en Les Corts Valencianes y con larga trayectoria política en el PSPV-PSOE, asumirá el cargo con una retribución anual de 67.850 euros. Además, se verá obligada a dejar su escaño en el parlamento autonómico porque el cargo en GESPA le exige dedicación exclusiva.
Una vez Borruey tome posesión como directora general de la entidad, su escaño en Les Corts recaerá previsiblemente en Aaron Cano, exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y dirigente del sector abalista.
La exmujer del alcalde es licenciada en Derecho y con formación avanzada en práctica jurídica y urbanismo. De forma paralela, ha desempeñado cargos orgánicos y públicos desde finales de los años 90, entre ellos como concejala en el Ayuntamiento de Paterna y en estructuras ejecutivas del partido. Además, es hija de quien fuera alcalde de la localidad entre 1997 y 2007, Francisco Borruey.
GESPA, fundada en 2008, es la entidad municipal responsable del mantenimiento de infraestructuras, servicios de limpieza, zonas verdes, eventos públicos y otros servicios operativos del consistorio. Su Consejo de Administración está presidido por Sagredo y agrupa representantes de diferentes grupos políticos locales.
En dicho consejo de Administración Sagredo ha defendido el nombramiento subrayando su "capacidad profesional y criterio" para dirigir una empresa con competencias técnicas y organizativas relevantes para la gestión municipal. Sin embargo, desde Compromís denuncian que al alcalde ha presentado a la candidata "sin aportar ningún currículum o información sobre su experiencia en dirección de empresas.
El Partido Popular ya ha lanzado también un comunicado en que se han planteado dudas sobre el proceso, por lo que solicitarán análisis jurídicos sobre cumplimiento de principios como la transparencia o la concurrencia, y advirtiendo sobre la percepción pública de tales decisiones.
