VALÈNCIA. Casi un año después de la Dana, las obras de reconstrucción continúan, pero no al ritmo que los ayuntamientos desearían. Este miércoles, los alcaldes y alcaldesas de los municipios más afectados por la riada se han reunido en Alaquàs (Horta Sud) con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para repasar el estado de las actuaciones y poner sobre la mesa sus principales preocupaciones.

Hasta allí, se han desplazado los primeros ediles de Sedaví, Alaquàs, Aldaia, Carlet, Manises, Paiporta, Picanya, Pedralba, Buñol, Benetússer y Catarroja para trasladar un mismo mensaje: la financiación del Gobierno central es fundamental, pero la ciudadanía empieza a impacientarse y exige resultados visibles. El mapa de prioridades varía según la localidad, pero se observan patrones comunes, como reparar el alcantarillado, recuperar edificios municipales y devolver la normalidad a las zonas más castigadas por las inundaciones del 29 de octubre.

Los dirigentes municipales han agradecido los fondos aportados de forma íntegra por el Gobierno de España, que ascienden a 1.745 millones de euros, pero han advertido que los procedimientos administrativos, la falta de medios técnicos en los ayuntamientos y la complejidad de los proyectos están ralentizando la puesta en marcha de las obras.

En este contexto, han pedido al ministro que se busquen fórmulas para acelerar los plazos y que se ofrezca apoyo adicional a las localidades que no cuentan con una estructura suficiente para gestionar un volumen tan elevado de intervenciones.

"Nadie estaba preparado para esto"

El alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, que además preside la Mancomunitat de l'Horta Sud, ha recordado que su municipio fue uno de los más castigados por las consecuencias de la Dana. "Sedaví fue el único pueblo totalmente asolado. Incluso, nuestro ayuntamiento quedó inservible y tuvimos que trabajar durante meses en un camión cedido por el Gobierno, para que la gente pudiera tramitar las ayudas", ha explicado Cabanes. 

En la actualidad, los funcionarios han podido regresar a los pisos superiores del edificio consistorial, pero la planta baja continúa en obras y el sótano sigue afectado debido a la humedad. Para Cabanes, la lentitud no responde a la falta de implicación, sino a la complejidad de los procesos: "Las memorias deben aprobarse, después se redactan los proyectos, luego llega la fase de contratación... y todo esto en un contexto de encarecimiento del precio de los materiales".

Además, el primer edil ha señalado uno de los mayores problemas que enfrentan los municipios de cara a la temporada de lluvias: el estado del alcantarillado. Según ha explicado Cabanes, en Sedaví el control se mantiene mediante cámaras y cubas, pero en otras localidades la situación es más delicada. "Hay colectores reventados que requieren levantar calles enteras. Con las lluvias a la vuelta de la esquina, no podemos bajar la guardia", ha alertado.

Cabanes ha reconocido que los pequeños municipios, como Llocnou de la Corona, están al límite de su capacidad para afrontar la carga administrativa que exige el proceso de reconstrucción. "Nadie está preparado para un volumen de trabajo así. En l'Horta Sud, tenemos localidades con apenas dos funcionarios en el ayuntamiento y, aun así, se están dejando la piel para que todo avance", ha señalado.

La celeridad en las obras, una demanda compartida

Aunque la situación difiere en cada municipio, la aceleración de las obras de reconstrucción ha sido la demanda más repetida entre todos los responsables municipales. La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha subrayado que "el 70% del alcantarillado del municipio está por sanear" y ha solicitado ampliar los plazos para presentar las memorias de los proyectos, cuya fecha límite es febrero de 2026. "Necesitamos más tiempo para incluir proyectos pequeños, pero igualmente necesarios", ha añadido Sanz.

Por su parte, la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, ha expuesto que la falta de recursos técnicos les ha obligado a delegar todas las obras en la empresa estatal Tragsa, lo que ha generado ciertas demoras: "Estamos todavía con las memorias sin terminar y pedimos celeridad". En la misma línea, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha agradecido la inversión del Gobierno central, pero ha insistido en que "la gente quiere ver resultados". "La recuperación debe ser completa, también en las instalaciones públicas y eso exige mecanismos de agilidad", ha añadido Luján.

El diagnóstico, por tanto, es el mismo en todas las zonas afectadas por la tragedia: el dinero ha llegado, pero la traducción en obras visibles tropieza con procedimientos largos, falta de personal y un calendario que amenaza con alargarse más de lo previsto por las administraciones municipales.

Torres defiende que el Gobierno "ha hecho un esfuerzo sin precedentes"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recogido las peticiones de los alcaldes, aunque ha recordado que el Ejecutivo central ha transferido 1.745 millones de euros para reparar infraestructuras municipales y ha asumido el 100% del coste de las obras. "En otras catástrofes como las de Lorca o La Palma, el Estado solo cubría la mitad. En la Comunitat Valenciana, hemos hecho un esfuerzo suplementario", ha subrayado Torres.

Asimismo, el ministro ha destacado que ya hay más de 200 millones en ejecución a través de Tragsa, cifra que se doblará en breve, y ha ofrecido apoyo técnico a los consistorios. "Queremos garantizar la máxima colaboración. Los alcaldes que lo deseen tienen a su disposición todo el equipo de Tragsa", ha insistido. No obstante, Torres ha admitido que muchos ayuntamientos se ven desbordados, porque "no están acostumbrados a gestionar tanto dinero y ahí es donde tratamos de ayudarles".

El ministro también ha aprovechado para responder al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien, este martes, en el Debate de Política General celebrado en Les Corts, acusó al Gobierno de España de haber aportado solo el 17% de las ayudas. "El Gobierno ya ha movilizado 6.000 millones de euros. No sé de dónde saca Mazón sus números. Lo que no se puede hacer es cuestionar lo que certifican los funcionarios públicos en documentos oficiales", ha concluido.