VALÈNCIA. Las asociaciones vecinales de los Poblats Marítims de València  (Cabanyal-Canyamelar, Malva-rosa, Beteró, El Cedro, Plaza Honduras, Isla Perdida y Ciutat Jardí), junto a la Asociación de Vecinos Patacona-Camino de Vera, en Alboraya, han hecho público un documento de propuestas que han trasladado a la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT). El escrito, registrado el pasado 14 de abril, reclama la incorporación de una batería de mejoras en la línea 31 dentro del nuevo Plan Director de la empresa pública, que se encuentra en fase de elaboración.

En el centro de sus demandas figura el colapso operativo de esta línea, que conecta Alboraya con València y recorre algunos de los enclaves más transitados de la capital, como las universidades o el Hospital Clínico. Según denuncian, la reciente ampliación del itinerario hasta la estación de tren Joaquín Sorolla "ha provocado mayores retrasos" al no ir acompañada del correspondiente refuerzo de la flota, lo que se traduce en autobuses "saturados de pasaje" y, en ocasiones, "usuarios que se quedan en tierra", con una merma directa en la calidad del servicio.

Como alternativa, los colectivos vecinales proponen que sea la línea 81 -cuyo recorrido coincide en buena parte con la 31, pero que presenta una mejor frecuencia de paso-, la que se prolongue hasta la playa de La Patacona. Esta medida permitiría "ofrecer una alternativa de transporte" y "mejorar el servicio a los usuarios de la línea 31", según argumentan en el documento. 

Conexiones perdidas y barrios "incomunicados"

Otra de las reivindicaciones con mayor carga simbólica para los usuarios es la recuperación de la parada en el Camino del Cabanyal, eliminada en el año 2016 y que prestaba servicio a quienes se desplazaban al cementerio de este barrio. La supresión de dicha conexión ha supuesto, según denuncian, "un gran perjuicio a amplias capas de la población que visitan el lugar de descanso de sus seres queridos".

Asimismo, las asociaciones de vecinos manifiestan una "especial preocupación" por la situación de la pedanía de Vera, ubicada en el término municipal de València, pero dependiente de Alboraya para buena parte de sus servicios. Desde enero de 2020, cuando una Dana inutilizó la pasarela peatonal que la comunicaba con los barrios colindantes, Vera permanece en una "situación de aislamiento, que ni el Ayuntamiento de València ni la EMT han resuelto". 

Por ese motivo, los vecinos reclaman que se recupere la antigua línea 30, que daba servicio en la zona con una frecuencia de paso de una hora, o bien se incorpore una parada específica en el itinerario de la línea 31. Además, denuncian la ausencia de servicio de transporte público en el interior del barrio de Beteró, donde tampoco existe una parada próxima al tanatorio.

A este respecto, consideran viable una reconfiguración del recorrido de la línea 81 para que, una vez prolongada hacia la Malva-rosa, atraviese la rotonda del tanatorio y acceda a Beteró antes de reincorporarse a su trazado habitual.

Críticas al futuro BRT y al diseño de Blasco Ibáñez

Las asociaciones también aprovechan el escrito para advertir de los efectos colaterales del futuro Bus Rapid Transit (BTR) en la avenida Blasco Ibáñez de València. En ese sentido, cuestionan que el nuevo sistema "resuelva el problema de los carriles bici" y alertan de que su implantación en aceras estrechas, como las previstas en la zona del Hospital Clínico o en el entorno de las universidades, podría comprometer la seguridad de los peatones y usuarios de este medio de transporte.

En su lugar, los colectivos vecinales proponen "que se sitúen los carriles bici en las zonas centrales del bulevar", desplazando así el tránsito de bicicletas y patinetes de las aceras, al mismo tiempo que se minimicen los puntos de fricción con los accesos a equipamientos públicos.

Las entidades firmantes insisten en que sus propuestas se incorporen al nuevo Plan Director de la EMT, un documento que debe servir, según afirman, para "corregir años de desatención" y reequilibrar las condiciones de movilidad de los barrios periféricos. Así, reivindican que el derecho al transporte público no solo sea reconocido, sino garantizado de forma efectiva y con criterios de equidad territorial.