VALÈNCIA. La Diputación de Valencia ha acogido este lunes la Comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consells insulars, que ha reunido en el Palau dels Scala a 25 presidentes y presidentas de estas corporaciones claves en defensa del municipalismo. Como conclusión principal, la cumbre ha fijado una posición política compartida de ese municipalismo español que considera que el país no se entiende sin sus municipios: “sin una financiación justa no hay igualdad; sin equilibrio territorial no hay cohesión; y no es posible construir un Estado fuerte debilitando a los municipios que lo sostienen cada día”.

El anfitrión del encuentro, Vicent Mompó, ha dejado claro que la comisión “no es una simple reunión técnica o un debate, sino una gran oportunidad para fijar una posición política ante un sistema de financiación local insuficiente”. En palabras del presidente valenciano, “llevamos años pidiendo a los ayuntamientos que asuman más responsabilidades, pero el sistema de financiación no ha evolucionado al mismo ritmo y el gobierno no ha actualizado las transferencias que llegan a cada municipio”.

Por su parte, su homólogo en la Diputación de Málaga y presidente de la comisión, José Francisco Salado, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y el Gobierno de España para que “escuchen de verdad al municipalismo cuando legislen para acabar con los problemas endémicos que arrastra”: “Estamos cansados de que se transfieran competencias, pero no aparezca respaldo económico para prestar de la mejor manera esos servicios”.

En la misma línea se ha expresado el presidente sevillano y vicepresidente de la comisión, Javier Fernández de los Ríos, que ha recalcado el papel que desempeñan los gobiernos provinciales como garantes de la cohesión territorial, social y digital de los territorios, en especial de los municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes. “Si las diputaciones no existieran, habría que inventarlas. No se puede entender España sin el municipalismo. Eso nos tiene que hacer reivindicar el papel de lo local en la arquitectura constitucional como un escalón más del Estado”, ha asegurado el máximo responsable de la Diputación de Sevilla.

Mompó ha reivindicado los siglos de historia del autogobierno local antes de profundizar en el problema: “Valencia sabe lo que es el municipalismo, no desde la teoría sino desde la experiencia, con ejemplos como el Tribunal de las Aguas, la institución de justicia más antigua de Europa”. El máximo responsable provincial ha mantenido el pragmatismo a la hora de incidir en el problema, exponiendo situaciones reales como “el pueblo que solo abre el centro de salud dos días a la semana; el ayuntamiento de 5.000 habitantes que gestiona la acogida de familias desplazadas o la atención a mayores con el mismo presupuesto de hace diez años; el municipio costero que en verano triplica la población y el coste en seguridad y servicios; los alcaldes que piden créditos para pagar nóminas renunciando a proyectos de futuro; y los municipios que directamente se quedan sin escuela, sin farmacia, sin transporte, sin juventud y sin futuro”.

Las soluciones propuestas

En una comisión en la que han participado siete diputaciones de Castilla y León, cuatro manchegas, tres de Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía, las dos corporaciones extremeñas, una de Galicia y Aragón y el Consell Insular de Ibiza, las presidentas y los presidentes provinciales han coincidido en la necesidad de una financiación justa que provoque consecuencias reales en vidas reales, y han confiado en que la cumbre de Valencia sea “un punto de inflexión” para impulsar el municipalismo que todas y todos representan y defienden.

El anfitrión del encuentro, Vicent Mompó, ha radiografiado la escena municipalista antes de entrar en la declaración conjunta que deja la comisión de Valencia. “No es lo mismo gestionar un municipio con población concentrada que uno con población dispersa; no es lo mismo prestar servicios en un entorno urbano que en zonas rurales o de montaña; no es lo mismo atender un territorio estable que uno con alta estacionalidad o despoblación acelerada”, ha expuesto Mompó, quien ha lamentado que el sistema “trata realidades profundamente distintas como si fueran idénticas”.

Frente a esta situación, la declaración conjunta de la comisión exige la reforma real de la financiación local y la actualización urgente del sistema de participación en los ingresos del Estado, junto al reconocimiento del coste real de los servicios públicos en el territorio y el refuerzo efectivo de la autonomía local. Las presidentas y presidentes firmantes representan la garantía de cohesión territorial: “evitamos que existan municipios de primera y segunda y hacemos posible que un pueblo de 300 habitantes tenga los mismos derechos que una gran ciudad”, ha verbalizado Vicent Mompó, quien en nombre de los participantes ha concluido que la igualdad entre la ciudadanía “no se garantiza con discursos sino con recursos”.