VALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de Ontinyent destinará al alquiler joven las 12 viviendas públicas previstas dentro del proyecto de la puesta en valor de la Muralla Sud en el barrio de La Vila dentro de la estrategia municipal para la regeneración del centro histórico y el fomento del acceso a la vivienda entre la población joven, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El proyecto cuenta con una inversión global de tres millones de euros y ha sido financiada por la Generalitat Valenciana. Además, se encuentra en una fase "muy avanzada" de redacción y prevé ser licitado durante el año 2026, una vez se formalice un convenio específico con el gobierno autonómico para regular el uso de las viviendas.

Las 12 viviendas se ubicarán en la zona interior liberada por las demoliciones en la calles Roses y Callarís, donde ya se han completado las demoliciones de diversos inmuebles degradados. Junto a las viviendas, la actuación incluirá bajos comerciales, plazas de aparcamiento y una zona con jardín que "pondrá en valor la muralla histórica, hasta ahora oculta tras los edificios derruidos", han aseverado.

El objetivo es "no solo recuperar el patrimonio arquitectónico, sino también crear un espacio habitable, visitable e integrado en el tejido urbano del barrio", han destacado.

La propuesta de uso para el alquiler joven se inscribe dentro de una estrategia "más amplia" de revitalización del núcleo histórico donde también se desarrollan otros proyectos como la mejora de la calle Muralla, las actuaciones en la plaza de Sant Pere o las demoliciones en la calle Teixidors.

Este conjunto de intervenciones, sumado a las actuaciones de restauración de la muralla medieval y la mejora de la accesibilidad, supone una inversión pública de más de cinco millones de euros entre los ejercicios 2024 y 2026.

Ajustes "necesarios"

Por otro lado, después de las obras de demolición para la adecuación y restauración del espacio libre adyacente a estas viviendas, se trabaja en una modificación de obra para ejecutar unos ajustes "necesarios" para esta actuación, lo que incluye la protección inicial de elementos patrimoniales de la zona para evaluar su posible conservación futura.

A las 12 viviendas del proyecto principal se podrá añadir una más en el mismo barrio, concretamente en el número 20 de la calle Muralla. En este caso, se trata de un proyecto de rehabilitación impulsado directamente por el Ayuntamiento, con recursos propios, que permitiría recuperar un edificio actualmente en desuso para uso residencial dentro de la misma línea de fomento de la vivienda pública.

Al respecto, el concejal de Territorio, Òscar Borrell, ha destacado que este es "un ejemplo de cómo desde el ámbito municipal también se pueden impulsar acciones directas y complementarias que refuercen los objetivos globales de regeneración urbana y cohesión social", ha apuntado.

Recuperación y fomento

Asimismo, ha subrayado "la importancia" de esta iniciativa con la que "no solo recuperamos un elemento fundamental para nuestro patrimonio como es la Muralla Sud, sino que generamos vivienda pública de calidad y fomentamos el alquiler de la juventud en el centro histórico".

A su vez, Borrel ha destacado que "la intervención es fruto de un largo proceso técnico y administrativo que ha requerido la modificación del Pla General d'Ordenació Urbana, la adquisición de inmuebles en estado de ruina y la redacción de diferentes proyectos de demolición, obra y reurbanización".

"Con mucho trabajo hacemos realidad una actuación que marcará un antes y un después en el barrio de La Vila", también ha añadido que además del valor patrimonial y urbanístico, se le ha querido dar un componente social "claro", ya que se ha orientado su uso al alquiler joven, lo que en sus palabras, contribuye a garantizar el acceso a la vivienda "en un momento especialmente difícil para mucho jóvenes".

El proyecto recibió en 2024 el visto bueno por parte de la Comissió Mixta de Patrimoni, con el apoyo técnico de la Generalitat Valenciana, y supone la recuperación de un convenio que había estado "anulado" de manera "arbitraria" años atrás por el antiguo Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA), según el Ayuntamiento.