VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Paiporta abonará 286.883,38 euros a la UTE que gestiona la piscina cubierta municipal para compensar las pérdidas económicas derivadas del cierre de la instalación tras la Dana del 29 de octubre. El pago, aprobado en el último pleno de 2025, salió adelante con los votos a favor del PSPV y Compromís. Por su parte, el Partido Popular (PP) y Vox votaron en contra al considerar que el acuerdo carece de garantías suficientes y vuelve a cargar sobre las arcas públicas las consecuencias de un contrato que califican de "perjudicial". 

El importe corresponde al reequilibrio económico del contrato de concesión, firmado en 2005 por un periodo de 25 años, y cubre el tiempo correspondido entre el 29 de octubre de 2024 y el 29 de diciembre de 2025, periodo durante el cual el servicio ha permanecido suspendido. La vicealcaldesa y concejal de Reconstrucción, Marian Val, recordó que el contrato establece que, pese a que la explotación se realiza en régimen de riesgo y ventura, existen supuestos excepcionales en los que el ayuntamiento debe asumir el reequilibrio económico.

"Es un caso muy parecido al que ocurrió durante la pandemia por Covid-19", explicó Val, en referencia al cierre obligatorio de la instalación por causas ajenas a la concesionaria. Según detalló, la UTE reclamó inicialmente el 100% de las pérdidas, calculadas en algo más de 40.000 euros mensuales, pero tras estudiar el contrato y los informes técnicos y jurídicos, el consistorio aceptó asumir solo el 50% de la cantidad solicitada. "No podemos hacer otra cosa que cumplir con el contrato. Cada vez que tenemos que pagar a esta UTE lo hacemos con dolor de barriga, pero estamos fiscalizando al máximo para pagar lo menos posible", subrayó Val. 

Por su parte, el concejal de Hacienda, Miguel Ángel Ortiz, señaló que se trata de un contrato con 20 años de vigencia y que el margen de maniobra del ayuntamiento es limitado. "Nos pedían más de lo que finalmente vamos a pagar, pero la ley regula el reequilibrio económico cuando se suspende un contrato y no podemos eludir esa obligación", afirmó Ortiz.

"Si todo va bien, la empresa gana; si va mal, el ayuntamiento paga"

Desde el bloque opositor, el PP centró sus críticas en el origen del problema. La concejal popular, Isabel Gisbert, calificó el contrato de la piscina como "nefasto" y recordó que su grupo ya votó en contra en 2005. Según explicó Gisbert, la construcción de la piscina, presupuestada en 5,6 millones de euros en un inicio, se financió mediante una concesión que terminó suponiendo un coste de 7,6 millones, además de la cesión y la explotación de suelo público sin un canon municipal. 

"Si todo va bien, la empresa gana; si va mal, el ayuntamiento paga", resumió la concejal. Además, Gisbert cuestionó que la concesionaria haya cumplido con sus obligaciones tras la Dana. "Ha pasado más de un año y la parte inferior de la piscina sigue igual. No hay un plan de reparación detallado ni plazos claros, y aun así se nos pide pagar casi 300.000 euros", reprochó. 

En ese sentido, Gisbert pidió que se facilitasen informes que justifiquen el reparto del coste al 50% y lamentó que el ayuntamiento no haya exigido antes la documentación necesaria. También Vox dió su negativa a aprobar el acuerdo. Su concejal, Daniel Furió, alertó de que los importes han sido calculados por la propia UTE y no por el ayuntamiento y denunció la ausencia de documentos clave en el expediente, como la póliza de seguros en vigor o la comunicación de siniestros a la aseguradora.

Furió advirtió de que la concesionaria recibe una subvención pública anual, recogida en su plan de explotación, y criticó un modelo que "traslada cualquier diferencia económica al bolsillo de los vecinos sin límites ni control previo". Durante el debate, el secretario municipal, Augusto Castellote, aclaró que deben distinguirse dos ámbitos.

Por un lado, las reparaciones, que corresponden a la empresa y a su seguro privado. Por otro, el reequilibrio económico, que actúa como una indemnización por la pérdida de ingresos mientras el contrato está suspendido, un mecanismo regulado por la ley. En este sentido, confirmó que el ayuntamiento solicitó informes técnicos para revisar las cifras reclamadas y reducirlas.

Ya pasó en 2023

La indemnización a la UTE de la piscina municipal de Paiporta se enmarca en un contexto de reconstrucción tras la Dana. El polideportivo sufrió graves daños durante la riada y su rehabilitación global se eleva a 12 millones de euros, con la intención de que esta instalación pueda estar operativa este año.

Todo ello se apoya en el presupuesto de 2026, el mayor de la historia del municipio, con más de 24 millones de euros e impulsado por los fondos del Gobierno de España, destinados a paliar los efectos del temporal.

No es, además, la primera vez que el ayuntamiento debe compensar a la concesionaria. En 2023, el consistorio ya pagó 220.221,58 euros por las pérdidas derivadas del cierre durante el estado de alarma por el Covid-19, una circunstancia que vuelve a repetirse ahora y que reabre el debate político sobre un contrato que, dos décadas después de su firma, continúa teniendo un fuerte impacto económico en el municipio.