VALÈNCIA. La batalla judicial contra la conexión de la CV-60 con la N-332 podría continuar en el Tribunal Supremo. La plataforma Per l'Horta de la Safor estudia recurrir en casación la sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó su recurso contra el proyecto básico de la infraestructura, aunque antes ha pedido al propio tribunal que complete su resolución.
El escrito, presentado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se refiere a la sentencia 283/2026, notificada el pasado 8 de septiembre, que rechazó el recurso de la Associació Territori, Biodiversitat i Cultura, de la que forma parte Per l'Horta. Según la entidad, el fallo dejó sin respuesta algunos de los argumentos jurídicos planteados durante el procedimiento, por lo que reclama al TSJCV que se pronuncie sobre ellos antes de decidir si lleva el caso al Supremo.
"Hay consenso en avanzar hacia el Supremo", explica a Valencia Plaza el portavoz de la plataforma, Rafa Terol, aunque matiza que todavía deben valorar la respuesta del tribunal y tomar la decisión formal. En su opinión, el escrito de complemento de sentencia puede servir también para preparar un eventual recurso de casación.
El principal argumento que quieren que se examine es la posible invasión de competencias estatales en la ordenación de la Red de Carreteras del Estado, una cuestión vinculada al artículo 149.1.21 de la Constitución y sobre la que, a su juicio, "la sentencia guarda silencio".
Un informe de Carreteras del Estado cuestiona la glorieta sobre la AP-7
A ello se suma un documento al que, según explica Terol, accedió la asociación al consultar el expediente judicial completo: un informe de la Demarcación de Carreteras del Estado que cuestiona la solución planteada por la Generalitat para conectar la CV-60 con la AP-7 y, a través de esta, con la N-332.
El informe señala, según la documentación aportada por Per l'Horta, que el proyecto básico no resuelve adecuadamente la posibilidad de que la AP-7 necesite en el futuro una ampliación hasta tres carriles por sentido. También advierte de que el Ministerio no aprobaría la construcción de la glorieta a diferente nivel prevista sobre la autopista, es decir, una rotonda elevada que serviría de enlace, y considera que mantener esa definición de los accesos impediría ejecutar la solución planteada.
- Imagen de archivo de la CV-60 a su paso por la Safor. -Foto: VP
Este punto ha cobrado especial relevancia después de que la Generalitat anunciara en septiembre que había consensuado con la Demarcación de Carreteras del Estado la solución para el tramo Palma de Gandia-Gandia. Entonces, el Consell señaló que ya había comenzado la redacción del proyecto de construcción y que, una vez finalizados los proyectos, podrían licitarse las obras.
Per l'Horta reclama ahora conocer en qué consiste exactamente ese acuerdo. Terol cree que, si la solución pactada obliga a dejar espacio a una futura ampliación de la AP-7, la rotonda podría tener que ser aún mayor, con más impacto visual, paisajístico y ambiental. En ese caso, plantea, habría que revisar si las nuevas actuaciones quedan amparadas por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente o si sería necesario tramitar una nueva, algo que la plataforma pediría.
Un procedimiento iniciado en 2021
La vía judicial arrancó después de que en 2021 se presentara el proyecto básico de la conexión. Per l'Horta formuló alegaciones y, al considerar insuficientes las respuestas recibidas, acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa. Durante el procedimiento aportó hasta ocho informes periciales complementarios y solicitó una vista oral, que finalmente no se celebró.
Según Terol, el TSJCV concluyó que la tramitación de la Conselleria y el proceso de información pública y alegaciones fueron correctos. La plataforma discrepa y sostiene que parte de la documentación no se incorporó al expediente en tiempo y forma, entre ella una que, afirma, recomendaba no continuar con el trazado elegido por la Generalitat.
La sentencia impone además a la asociación el pago de las costas, con un límite de 2.000 euros, a favor de la Generalitat y del Ayuntamiento de Gandia. La plataforma lo interpreta como una medida con la que se pretende disuadir a la sociedad civil de acudir a los tribunales.
La asociación ya había intentado paralizar cautelarmente la actuación cuando la Generalitat anunció avances en el proyecto, pero el tribunal rechazó entonces las medidas al encontrarse todavía en fase de proyecto básico y no estar redactado el proyecto de la obra, según explica el portavoz.
Ahora, el objetivo inmediato es que el TSJCV responda a la petición de complemento de sentencia. Después, la plataforma decidirá si formaliza el recurso de casación ante el Supremo. "Nos puede ayudar a ganar tiempo, pero también nos ayuda a ir preparando la documentación para poder hacer un recurso de casación", señala Terol.
La conexión con la N-332 todavía no está en obras
El litigio afecta al tramo de la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia, concebido para completar la conexión de esta carretera con la AP-7 y la N-332. Terol advierte de que una cosa son los trabajos previstos en otros tramos de la CV-60 y otra la conexión de la Safor. La Generalitat ha anunciado para el desdoblamiento de la carretera entre l'Olleria y Terrateig una inversión de 347 millones de euros y el inicio de las obras en 2027.
En cambio, en Palma de Gandia-Gandia solo está en marcha la redacción del proyecto de construcción: el proyecto básico se presentó en 2021 y en 2025 se licitó la redacción del proyecto de la obra, adjudicada a una empresa. Las obras todavía no han comenzado. Per l'Horta mantiene su oposición por los efectos que, a su juicio, tendrá sobre el territorio. Terol sostiene que la carretera conecta el interior de la Safor y la Vall d'Albaida con Gandia e incluso con su puerto, pero que a los vecinos de los pueblos les trae impactos negativos y casi ninguna mejora en sus conexiones.
Según el portavoz, algunos alcaldes han pedido enlaces con la infraestructura y, de momento, se les ha dicho que no. Entre esos impactos, apunta al paisajístico y ambiental, el ruido y la contaminación. La plataforma defiende otras formas de abordar la movilidad de la comarca: mejorar las carreteras existentes, con más arcenes y vías ciclopeatonales, reforzar el transporte público, con más frecuencias y conexiones entre los propios pueblos, y conectar con Gandia en tren.
Terol añade que las referencias a la siniestralidad que se hacen desde la Conselleria y el Ayuntamiento de Gandia, a su juicio, no corresponden al tramo de Gandia. Asimismo, el portavoz de la plataforma cuestiona el coste de la actuación, que sitúa en unos 66 millones de euros la primera cifra manejada para el tramo de la Safor y en unos 180 millones la última publicada, y recuerda que el propio proyecto básico de 2021 estimaba un incremento máximo del tráfico del 1%.
