VALÈNCIA. La aplicación de la nueva tasa de residuos ha abierto un nuevo frente político en Alfafar. El PSPV-PSOE ha cuestionado la gestión realizada por el gobierno municipal del PP y reclama revisar el modelo para introducir una mayor proporcionalidad en el reparto del coste. Por su parte, el Ayuntamiento ha defendido públicamente la aplicación del tributo, ha recordado su carácter obligatorio y ha incidido en que la ordenanza fiscal fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales.
El debate no gira, al menos formalmente, en torno a la obligación de implantar la tasa. La Ley 7/2022 del Gobierno de España obliga a los consistorios a establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria para financiar la gestión de los residuos. El punto de discrepancia se encuentra en la fórmula escogida para distribuir ese coste entre los vecinos.
Los socialistas sostienen que el sistema implantado no refleja suficientemente la cantidad de residuos generada por cada hogar. Para fundamentar sus críticas, el grupo municipal se remite al informe técnico-económico del propio Ayuntamiento, que, según recoge la formación, señala que Alfafar no disponía de un sistema para identificar individualmente a los usuarios ni cuantificar los residuos depositados por cada uno. Además, el servicio funciona mediante un contrato con un coste anual fijo, independientemente del volumen generado.
La ordenanza estableció inicialmente una cuota de 92,76 euros por unidad de inmueble, junto a reducciones relacionadas con el compostaje doméstico, el uso de los ecoparques y determinadas situaciones de pobreza energética. El PSOE considera que una cuota de estas características no permite reflejar suficientemente las diferencias entre viviendas en función del número de residentes, los hábitos de consumo o el comportamiento en materia de reciclaje.
El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía, Rubén Martínez, responsabiliza al gobierno local de no haber preparado con suficiente antelación el sistema municipal para avanzar hacia un modelo vinculado a la generación efectiva de residuos. "Si no tienes instrumentos para medirlo, tienes un problema de gestión y planificación municipal", sostiene.
El Ayuntamiento: "La tasa no nace en Alfafar"
Frente a estas críticas, el Ayuntamiento de Alfafar ha defendido que la implantación de la tasa deriva de la normativa europea y de su trasposición a la legislación estatal. "La tasa de residuos no nace en Alfafar", ha señalado el consistorio en una publicación en sus redes sociales, en la que explica que la Ley 7/2022 obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa específica por la recogida y gestión de residuos.
El consistorio recalca además que la ordenanza fiscal fue aprobada en el pleno del 28 de noviembre de 2024 por unanimidad. En aquella votación participaron los 21 concejales presentes: 11 del PP, siete del PSOE, dos de Vox y uno de Compromís, según recoge también la propia nota de los socialistas.
El Ayuntamiento sostiene que estar obligado a implantar el tributo "no significa estar de acuerdo con ella" y asegura ser consciente del esfuerzo económico que supone para algunas familias. En este sentido, afirma haber incorporado reducciones y bonificaciones y señala que continúa trabajando para minimizar su impacto.
- Basuras en Alfafar. -
- Foto: AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR
También ha respondido a algunas de las dudas planteadas por vecinos a través de las redes sociales. Entre ellas, ha aclarado que esta tasa municipal es diferente de la TAMER que aparece en el recibo del agua: mientras esta última es una tasa metropolitana destinada a financiar el tratamiento y valorización de los residuos, la nueva tasa municipal cubre el coste de su recogida y transporte desde los contenedores de la vía pública hasta las instalaciones correspondientes.
Respecto a las plazas de garaje, el consistorio señala que, cuando forman parte de una comunidad de propietarios, corresponde un único recibo a la comunidad. En caso de haberse emitido individualmente un recibo a una plaza integrada en una comunidad, pide trasladar la incidencia al Ayuntamiento al considerar que podría tratarse de un error.
El PSOE defiende su voto favorable en 2024
Uno de los elementos que enfrenta las dos posiciones es precisamente la aprobación por unanimidad de la ordenanza. El PSOE admite que votó favorablemente en noviembre de 2024, pero diferencia entre respaldar el cumplimiento de una obligación legal y avalar posteriormente la forma en la que el gobierno municipal ha gestionado su aplicación.
Los socialistas reclaman ahora revisar el modelo, estudiar sus efectos sobre los diferentes tipos de hogares e introducir una mayor proporcionalidad y criterios sociales. También plantean reforzar los incentivos vinculados al reciclaje, el uso de ecoparques y la reducción de residuos, así como avanzar hacia una relación más directa entre la cantidad generada y la cuantía abonada.
Por su parte, el Ayuntamiento defiende que el importe de la tasa se calcula a partir del coste de los servicios municipales que debe financiar —entre ellos, la recogida, el transporte o la recogida de enseres a domicilio—, circunstancia que explica que la cuantía pueda variar entre municipios.
