VALÈNCIA. Los vecinos del casco antiguo de Torrent critican el estado en que se encuentran algunas viviendas de esta zona histórica de la ciudad. En este enclave se mezclan viviendas tradicionales y restos de arquitectura señorial, muchas de ellas catalogadas como patrimonio local.

Aunque el casco viejo ha perdido parte de su actividad frente a los nuevos barrios, sigue conservando un importante valor histórico y patrimonial. Sin embargo, en los últimos años, ese legado se ha visto afectado por el abandono y el deterioro de numerosas viviendas.

Si bien en los últimos años se han impulsado proyectos de rehabilitación en algunos edificios, muchos inmuebles presentan un avanzado estado de degradación que preocupa a los vecinos, quienes aseguran que “dan una imagen deplorable al barrio”.

Los vecinos aseguran que esta situación no es nueva. Explican que muchas de las viviendas en mal estado llevan años deteriorándose sin que se adopten soluciones definitivas, mientras el aspecto del barrio empeora de forma progresiva. 

Según explican desde el Ayuntamiento, se colocan vallas o cintas de seguridad para evitar que los peatones pasen por debajo de las fachadas con riesgo de desprendimiento, pero en la práctica, según los vecinos, “la gente las aparta” y el peligro persiste. 

A esta situación se suma el temor a las ocupaciones ilegales. Los vecinos denuncian que algunos de estos inmuebles abandonados han sido ocupados en varias ocasiones, lo que incrementa la sensación de inseguridad en el barrio. En ciertos casos, explican, ellos mismos han tenido que tapiar puertas o colocar candados y vallas metálicas por su cuenta para impedir el acceso, ante la falta de una respuesta rápida por parte de las administraciones y en ocasiones, de los propios propietarios de las viviendas.

El caso de la plaza Mestre Giner

Hace unos días, el diario Levante-EMV se hacía eco de la situación que preocupa a los residentes de la plaza Mestre Giner, una ubicación muy céntrica y próxima a la plaza Mayor de Torrent. En este caso, los vecinos de un bloque de 15 viviendas denunciaban el mal estado de una vivienda contigua a sus casas.

Comprobado por este periódico, la fachada del inmueble presenta un notable deterioro. Los residentes aseguran que la vivienda ha sido ocupada en varias ocasiones, aunque parece que desde el pasado mes de julio permanece vacía.

Los vecinos denuncian también la caída de cascotes, el deterioro del tejado —que ya muestra grandes agujeros visibles— y el riesgo que esto supone para los transeúntes. Frente a la vivienda se encuentra un parque infantil que permanece cerrado precisamente por el peligro que representa la situación del inmueble.

Desde el Ayuntamiento de Torrent informan de que se ha contratado a un arquitecto externo para evaluar el estado de la casa. Según las previsiones, el técnico ordenará la instalación de andamios en la fachada y el cambio del tejado, con el objetivo de reabrir el parque y ofrecer una solución temporal al riesgo que presenta el edificio. 

Las limitaciones de la administración

No obstante, cabe recordar que se trata de una propiedad privada, por lo que el margen de actuación de las administraciones es más limitado.

Según la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), son los propietarios los responsables de mantener los inmuebles “en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público”. Los consistorios solo pueden intervenir de forma subsidiaria —por ejemplo, apuntalando o vallando un edificio— cuando existe un riesgo evidente para la seguridad ciudadana, y posteriormente pueden reclamar el coste de esas actuaciones a los dueños.

La situación se complica cuando se trata de edificios protegidos. La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano establece que cualquier intervención en bienes catalogados o con algún tipo de protección requiere autorización de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, órgano dependiente de la Generalitat Valenciana. Esto implica que los ayuntamientos no pueden ejecutar obras de rehabilitación ni modificar elementos estructurales sin ese permiso previo.

Este entramado legal y competencial provoca que, en muchos casos, las actuaciones se demoren durante meses o incluso años. Mientras tanto, los edificios continúan deteriorándose y los vecinos denuncian la falta de soluciones efectivas ante un problema que afecta tanto a la seguridad como a la conservación del patrimonio urbano.