TORRENT. La nueva tasa de basuras de Torrent ha abierto un nuevo frente político entre el PP y el PSPV-PSOE. Populares y socialistas han trasladado a las redes sociales vídeos, cifras y mensajes cruzados para explicar quién está detrás del nuevo recibo y, sobre todo, por qué los torrentinos tendrán que pagarlo.
La propia alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, también ha recurrido a las redes sociales para explicar la implantación del tributo y concretar que no responde a una decisión voluntaria del Ayuntamiento, sino al cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Por su parte, el PSPV ha publicado durante los últimos días varios vídeos protagonizados por sus concejales, entre ellos Inmaculada García, Eduardo Gómez y José Pascual Martínez, en los que cuestionan la explicación del gobierno municipal y comparan las cantidades de Torrent con las de otras localidades.
Detrás del enfrentamiento hay dos cuestiones diferentes. Por un lado, la Ley 7/2022 obliga a los ayuntamientos a contar con una tasa específica que cubra el coste de la recogida y el tratamiento de los residuos. Es decir, Torrent está obligado, como el resto de municipios, a implantar este tributo.
Otra cuestión es cómo se aplica. Son los propios ayuntamientos los que aprueban sus ordenanzas y establecen cómo se reparte el coste del servicio entre los vecinos. Por eso, aunque la obligación es la misma para todos, las cantidades que se pagan pueden ser muy diferentes de un municipio a otro, teniendo en cuenta la población, las características de la localidad y los criterios de los consistorios.
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¿Cuánto se paga en Torrent?
En Torrent, el Ayuntamiento ha optado por utilizar el consumo anual de agua como referencia para calcular cuánto paga cada vivienda. Además, cabe tener en cuenta que en Torrent la tasa se cobra de manera anual, lo que puede hacer que la cifra varíe respecto a municipios que por ejemplo la cobran en dos pagos, como es el caso de la localidad vecina de Alaquàs.
La ordenanza establece diferentes tramos: los domicilios con un consumo de hasta 65 metros cúbicos pagan 47,19 euros al año; entre 65,01 y 90 metros cúbicos, 147,29 euros; y entre 90,01 y 195 metros cúbicos, 170,17 euros. En este sentido, el primer recibo correspondiente a 2026 comenzará a cobrarse a partir de septiembre.
Las cuotas de 147 y 170 euros son precisamente las que han centrado buena parte de la batalla política. El PSPV las compara en sus vídeos con las de municipios gobernados por los socialistas y señala especialmente los casos de Mislata, donde una vivienda puede pagar alrededor de 25 euros, y Xirivella, con unos 46 euros. Con estas comparaciones, los socialistas defienden que el Gobierno central obliga a crear la tasa, pero no establece cuánto tiene que pagar un vecino de Torrent.
Ahora bien, las cifras no son directamente comparables. Cada ayuntamiento calcula su tasa de una manera diferente y debe tener en cuenta el coste de su propio servicio de residuos. En Mislata, por ejemplo, la ordenanza parte de una cuota de 25,83 euros y aplica distintos coeficientes dependiendo del uso y la superficie del inmueble. En una vivienda residencial ordinaria, la cantidad se mantiene en esos 25,83 euros.
Torrent utiliza un sistema diferente, basado principalmente en el consumo de agua. Por tanto, las diferencias entre municipios existen, pero detrás de ellas también hay distintos costes y formas de calcular cuánto debe pagar cada vecino.
- Archivo - Contenedor de basura de papel y cartón. -
- Foto: EP
La batalla por quién es responsable
La segunda parte del enfrentamiento está en quién asume la responsabilidad política de la nueva tasa. El PP insiste en que el origen del recibo está en la Ley 7/2022, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez, y considera que el PSOE intenta presentar el tributo como una decisión de Amparo Folgado.
El PSOE no niega esta obligación del Gobierno central, pero pone el foco en otra cuestión: aunque Torrent tenía que crear la tasa, ha sido el Ayuntamiento el que ha decidido cómo calcularla y las cantidades que finalmente pagarán los vecinos.
A partir de ahí, los socialistas han cargado contra la campaña informativa instalada por el consistorio en los mupis de la ciudad. Consideran que atribuir la tasa únicamente al Gobierno central ofrece una explicación incompleta. El concejal Eduardo Gómez sostiene que la campaña pretende "fabricar un culpable político" y ha exigido su retirada, además de reclamar el expediente sobre su contratación y coste.
- Campaña informativa de la nueva tasa de basuras. -
- Foto: PP TORRENT
El PP defiende la campaña
El PP rechaza estas acusaciones y defiende que los mupis tienen un carácter exclusivamente informativo. Los carteles incluyen un código QR que dirige a la web municipal, donde los vecinos pueden consultar las cuotas, las bonificaciones y las principales dudas sobre la aplicación de la tasa.
Los populares recuerdan además que Folgado pidió una moratoria de tres años para que los municipios afectados por la Dana pudieran retrasar su implantación. Según el PP, la alcaldesa trasladó la petición en tres ocasiones por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también personalmente. La solicitud pasó igualmente por el pleno municipal y contó con el respaldo del PSOE.
De esta forma, Torrent afronta el primer cobro de una tasa que no es exclusiva de la ciudad y que los ayuntamientos están obligados a implantar. Lo que cambia de un municipio a otro es la forma de calcularla y, con ello, la cantidad que termina pagando cada vecino.
Ahí está precisamente el centro de la disputa entre PP y PSOE: Torrent tenía que implantar la tasa, pero el Ayuntamiento ha decidido cómo repartir su coste entre los vecinos. Sobre esas dos realidades, populares y socialistas han construido ahora sus respectivos discursos.
