VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha solicitado un informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la resolución de la condición de agente urbanizador a la empresa encargada del programa de actuación integrada (PAI) la Gavina. La propuesta del equipo de gobierno del PSPV ha contado con el voto favorables del resto de grupos: Partido Popular, Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox.

La solicitud del informe es un trámite administrativo que se adopta tras existir una oposición de la citada empresa mercantil a la resolución del contrato como agente urbanizador de este PAI que se empezó a tramitar en el año 2003 y que, a lo largo del tiempo, ha incurrido en diversos incumplimientos y no atender los requerimientos y advertencias lanzados desde diversas administraciones públicas.

Cabe recordar que el pleno municipal del pasado mes de diciembre adoptó la resolución de la condición de agente urbanizador y, además, cuantificó los daños y perjuicios causados al ayuntamiento en 27.482,36 euros. El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria decidió, también, incautarse del aval bancario que en su día depositó esta empresa por un valor total de 72.471 euros.   

La decisión adoptada por el pleno rechaza las dos alegaciones presentadas por la empresa mercantil tras la resolución del contrato por incumplimientos. La empresa aduce que las obras que faltan por realizar no son achacables a su voluntad. Sin embargo, los requerimientos efectuados no fueron atendidos en su totalidad y en el año 2013 se requiere el cumplimiento de las obligaciones, con advertencia de penalidades y resolución del contrato. 

Además, los informes municipales constatan que la empresa comenzó las obras a la vez que se iniciaba el trámite para la aprobación de la documentación y tras detectarse actuaciones junto a la carretera CV-372 detectadas por el Servicio Territorial de Planificación y por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda tras una visita efectuada por los técnicos de este departamento. 

Además, la empresa llevó a cabo obras con anterioridad a la adjudicación definitiva del programa de actuación integrada (PAI), cuya homologación y plan parcial se aprobó en octubre de 2011 por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo. La mercantil alega “modificaciones y adiciones sobrevenidas del programa inicial con la alteración de las condiciones técnicas y económicas previstas y que provocaron el encarecimiento de las obras”.

No obstante, el informe técnico del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria manifiesta que en ningún momento la empresa realizó un análisis de viabilidad del sector y, por tanto, haber solicitado una retasación de las cargas. “No consta actuación alguna en este sentido y, únicamente, se limitó a dejar de atender los requerimientos del ayuntamiento”, subraya el acuerdo plenario que añade que la propia empresa eléctrica procede al desistimiento del expediente al no haber recibido documentación sobre sus requerimientos.

“El inicio de la resolución no se debe al mero transcurso del plazo establecido en la programación, tal y como esgrime el alegante, sino a la demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados por parte del urbanizador y a la inactividad injustificada del urbanizador pese a los requerimientos por parte del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria parea la finalización de las obras”, concluye el acuerdo del pleno. 

El pleno rechaza la alegación segunda presentada sobre los costes soportados por las obras de urbanización en el PAI de la Gavina en el que la empresa asegura haber realizado la práctica totalidad de las obras. El informe municipal recuerda que las obras fueron ejecutadas “al margen de la legalidad y con anterioridad a la adjudicación de la condición de agente urbanizador y es su obligación presentar las certificaciones de obra para su aprobación”. Ni se presentaron las certificaciones ni se giraron las correspondientes cuotas.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que el PAI de la Gavina “es una muestra más del urbanismo que imperó durante años bajo los gobiernos del Partido Popular, en el que no se llevó una correcta gestión de planificación y control del territorio en la época de la burbuja inmobiliaria, con 22 unidades de ejecución en conflicto que, ahora, debemos resolver”.