VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Sagunto estudia si puede reclamar al Estado los 266.000 euros que ha dejado de ingresar en cinco años como consecuencia de una reforma fiscal promovida por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta modificación afectó directamente al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que pagan las grandes empresas por su actividad en cada municipio.

La compañía Carburos Metálicos, con sede en Sagunto y dedicada a la producción de gases industriales, se benefició de ese cambio normativo, por lo que redujo de forma drástica su aportación al consistorio, que ahora evalúa si puede recuperar el dinero perdido. Cabe recordar que la reforma del IAE se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, durante el mandato del Partido Popular con Mariano Rajoy como presidente.

Según una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, esta modificación habría sido impulsada desde el despacho privado fundado por Montoro, Equipo Económico, con el objetivo de beneficiar a empresas del sector gasístico que contrataron sus servicios. El caso se investiga como una posible trama de corrupción.

La nueva redacción del impuesto permitió que varias empresas se acogieran a un epígrafe fiscal más favorable. De este modo, pagaron menos impuestos a los ayuntamientos donde tienen plantas de producción. En Sagunto, Carburos Metálicos pasó de tributar más de 97.000 euros anuales a poco más de 30.000. El ahorro fiscal para la empresa fue de unos 66.000 euros en solo un año. En total, entre 2018 y 2023, el Ayuntamiento de Sagunto perdió 266.000 euros por este motivo, según datos incautados en un archivo interno de la empresa durante el proceso judicial.

Sagunto no descarta pedir una indemnización al Estado

Preguntado por Valencia Plaza, el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, confirma que la cifra coincide con las estimaciones municipales. Moreno explica que el Ayuntamiento mantiene abiertas todas las opciones legales, pero aclara que, por ahora, no se plantea pedir una indemnización. "Es una vía que no se descarta, pero por el momento no se contempla, porque jurídicamente es difícil reclamar algo que fue aprobado por el Congreso de los Diputados y no solo por una decisión individual del ministro", apunta el primer edil.

Aun así, el alcalde de Sagunto insiste en que el impacto de esta reforma fue directo sobre los ingresos municipales y, por tanto, sobre los servicios públicos que presta el Ayuntamiento. "Nos ha afectado negativamente a los recursos municipales y, por tanto, ha repercutido sobre muchos servicios prestados a la ciudadanía. Esa es la gravedad del asunto", señala.

Moreno considera que este caso de posible corrupción tiene una "dimensión preocupante" por dos motivos: en primer lugar, porque el perjuicio recae sobre las administraciones públicas y, segundo, porque apunta a una estructura organizada dentro del propio Ministerio de Hacienda. Además, Moreno no descarta que Sagunto pueda colaborar con otros ayuntamientos afectados si se decide presentar una reclamación conjunta. 

"Es una posibilidad que habría que estudiar. Pero lo primero es saber si las decisiones se tomaron bajo informes manipulados por intereses privados, como se está investigando", explica. Por su parte, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el Gobierno de España está revisando los efectos de la reforma fiscal del IAE aprobada en 2018. 

Aunque ha reconocido que no se pueden aplicar medidas retroactivas, Montero ha asegurado que se revertirán los beneficios fiscales si se demuestra que fueron obtenidos de forma irregular. Esta revisión podría abrir la puerta a futuras reclamaciones por parte de los consistorios perjudicados.

Mientras tanto, el 'caso Montoro' sigue bajo investigación judicial y afecta, al menos, a una docena de municipios en toda España. En todos ellos, la reducción del IAE a las empresas gasísticas supuso una pérdida directa de ingresos públicos. En Sagunto, el Ayuntamiento ha comenzado a hacer un seguimiento del proceso judicial para valorar si, llegado el momento, puede tomar acciones legales y reclamar lo que dejó de ingresar.