VALÈNCIA. Las constructoras valencianas llevan meses alertando del impacto que tiene el aumento de los costes sobre la obra pública. El encarecimiento de los materiales, la maquinaria y la falta de mano de obra han reducido el interés por muchos concursos y multiplicado las licitaciones sin adjudicar. De hecho, las administraciones públicas de la provincia de Valencia licitaron 391 obras entre enero y abril de 2026, pero durante ese mismo periodo solo se adjudicaron 47 actuaciones.
Así se desprende de los datos de la Asociación de Empresas Constructoras Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que cifran en 269,9 millones de euros el presupuesto de los proyectos sacados a concurso por la Diputación de Valencia, ayuntamientos, consorcios y mancomunidades. En cambio, las obras adjudicadas sumaron 97,9 millones de euros.
La fotografía del primer cuatrimestre del año coincide con las advertencias que trasladan la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) y la Federación de Obras Públicas de Alicante (Fopa). Tal y como informó este diario, ambas organizaciones denuncian que las administraciones continúan sacando a concurso proyectos con precios de hace uno o dos años y que, por tanto, ya no reflejan la situación actual del mercado.
A todo ello se suman las obras de reconstrucción tras la Dana del 29 de octubre de 2024. La concentración de actuaciones en un mismo territorio ha incrementado la demanda de materiales, maquinaria y mano de obra, elevando todavía más los costes de ejecución. El resultado, según los datos de Fecoval y Fopa, es que desde el pasado mes de enero 118 obras públicas han quedado desiertas y otras 178 solo han recibido una oferta.
Redes de abastecimiento y colectores tienen el mayor presupuesto licitado
La inversión en obra pública en la provincia de Valencia se distribuye de forma desigual entre los distintos tipos de proyectos. Pese a ello, las actuaciones vinculadas a la educación y la urbanización fueron las que más presupuesto concentraron tanto en las licitaciones como en las adjudicaciones entre enero y abril.
En ese sentido, la administración sacó a concurso 43 millones de euros en centros educativos y 44 en urbanización, encabezando ambas categorías el ranking de adjudicación, con 37 y 24 millones, respectivamente; seguidas de la adjudicación de las obras clasificadas como "varias", con 13 millones de euros.
Sin embargo, la partida con mayor presupuesto licitado es la de redes de abastecimiento y colectores, con 60 millones de euros, y no figura entre las tres primeras en adjudicación, donde solo acumula cuatro millones en obras contratadas. De hecho, es en las infraestructuras hidráulicas donde más obras quedan pendientes de encontrar empresa, a pesar de ser la categoría que más inversión concentra.
En el otro extremo, categorías como puertos, vivienda o sanidad apenas tienen presencia en el conjunto de la contratación pública provincial. Las obras portuarias se licitaron por menos de 300.000 euros, las de vivienda por menos de tres millones, y las sanitarias, con nueve obras licitadas por 1,6 millones de euros, solo registraron dos adjudicaciones.
Las obras relacionadas con urbanización registraron mayor baja media
Las obras públicas no despiertan el mismo interés entre las constructoras, por lo que en Valencia, las empresas adjudicatarias ofrecieron de media un descuento del 9,78% sobre el precio máximo fijado por la Administración a inicios de año. Una cifra que refleja el margen que las constructoras están dispuestas a ceder para hacerse con un contrato.
En ese sentido, urbanización fue la que registró la baja más alta, del 20,62%, apuntando a una competencia entre empresas por este tipo de contratos. Asimismo, por encima de la media se sitúan también administrativos, con un 10,79%, y carreteras, con un 10,02%, siendo algunas de las categorías donde las constructoras tienen más interés en ajustar sus ofertas.
Por otro lado, las obras sanitarias apenas rozaron el 1,15% de baja, y docentes y redes de abastecimiento se quedaron en el 4,86% y el 5%, respectivamente. Estas cifras son consecuencia de que las empresas no encuentran margen para abaratar su oferta, lo que refuerza la tesis de los contratistas sobre los precios que fija la Administración, que no corresponden con la realidad del mercado.
Revisar los precios de contratación
Ante este escenario, el sector de la construcción reclama al Gobierno una revisión de los precios de los contratos para evitar que sigan acumulándose licitaciones sin adjudicar y garantizar la continuidad de las actuaciones ya iniciadas. Muchas empresas, sostienen desde Fecoval y Fopa, optan por no presentarse porque ejecutar las obras supondría asumir pérdidas desde el primer momento.
Cabe recordar que el pasado 2 de junio Seopan presentó en el Congreso de los Diputados una serie de propuestas para modernizar el sistema de contratación pública y adaptarlo a las condiciones actuales del mercado. La patronal plantea, entre otras medidas, actualizar los precios durante las fases de preparación y adjudicación de las licitaciones y recuperar la revisión obligatoria de precios en los contratos públicos.
Las propuestas también contemplan la implantación de mecanismos de reequilibrio económico-financiero en todas las fases de los contratos, la agilización de los procedimientos administrativos y la recuperación de fórmulas de colaboración público-privada. La asociación considera que estos cambios permitirían adaptar la contratación pública a la realidad del mercado y garantizar la ejecución de inversiones consideradas prioritarias.
Según las conclusiones expuestas durante la jornada celebrada en el Congreso, la contratación pública representa el 4,8% del PIB español y una mejora de la eficiencia de los procedimientos permitiría acelerar las inversiones estratégicas. La patronal defiende, además, que la revisión de precios y una mayor flexibilidad en los contratos son claves para evitar que el incremento de los costes siga comprometiendo la ejecución de las obras.
