VALÈNCIA. El pleno del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado remitir a la Agencia Valenciana Antifraude la documentación y las conclusiones de la Comisión de Investigación constituida para analizar el contrato del Gabinete de Comunicación municipal. La propuesta salió adelante con 13 votos a favor y 12 en contra, gracias al apoyo de PSOE, Compromís y el concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real.

La comisión ha analizado el expediente de contratación, la documentación requerida y las comparecencias celebradas en el seno de este órgano municipal. Durante el debate plenario, el presidente de la comisión, Eduardo Gómez, expuso el desarrollo de los trabajos realizados y señaló algunos de los aspectos que, según explicó, generaron dudas entre los miembros de la comisión respecto a la tramitación del contrato. En las sesiones celebradas se escucharon distintos testimonios en torno al proceso de contratación y a la participación de responsables municipales en su desarrollo.

Asimismo, durante la investigación se abordaron cuestiones relacionadas con la adjudicación del contrato, la supervisión de su ejecución y el cumplimiento de las condiciones recogidas en los pliegos. Uno de los elementos que se puso sobre la mesa durante el proceso fue la ausencia en la comisión de algunos de los actores implicados en el contrato. Los grupos que impulsaron la investigación señalaron que estas comparecencias habrían permitido aclarar algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del contrato.

Durante el debate plenario, el Partido Popular defendió la posición mantenida por su grupo durante los trabajos de la comisión y se remitió a la documentación presentada en ese órgano municipal. Los grupos que apoyaron el traslado del expediente a Antifraude consideraron, por su parte, que persistían dudas sobre algunos aspectos del contrato.

Tras la aprobación del acuerdo, el Ayuntamiento remitirá ahora a la Agencia Valenciana Antifraude la documentación recopilada durante los trabajos de la comisión, incluidas las comparecencias y las conclusiones aprobadas. El objetivo es que el organismo independiente pueda analizar la información disponible y determinar si procede la apertura de actuaciones.