VALÈNCIA. La empresa Provisión Textil SL, con sede en Enguera, ha iniciado los trámites para legalizar una nave industrial que ya está en funcionamiento, pero que fue construida en suelo donde no se permite este tipo de actividad, según el actual planeamiento urbanístico. El inmueble, dedicado al corte y almacenamientos de piezas textiles, se ubica en el polígono 7 de este municipio, situado en la comarca de Canal de Navarrés. 

Para regularizar la situación, la compañía ha solicitado a la Generalitat Valenciana lo que se conoce como una Declaración de Interés Comunitario (DIC), una figura jurídica que permite, con carácter excepcional, autorizar actividades industriales o económicas en suelo no urbanizable. Es un procedimiento poco habitual y que requiere justificar que la actividad no puede desarrollarse en otro tipo de suelo, así como acreditar su utilidad para la comunidad.

La solicitud ya se ha admitido a trámite, según el anuncio publicado este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), lo que marca el inicio de la fase de exposición pública. A partir de ahora, cualquier persona interesada podrá consultar la documentación del expediente a través de la Plataforma Urbanística Digital de la Generalitat y presentar alegaciones durante un plazo de 20 días hábiles.

Según consta en la documentación técnica, la nave ya está operativa desde hace un tiempo, por lo que ahora la empresa se plantea su regularización administrativa ante la administración autonómica. En ese sentido, el Ayuntamiento de Enguera ha emitido un informe favorable para que el expediente siga su curso, aunque la decisión final corresponde a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que es la que debe autorizar o denegar la solicitud.

El informe municipal reconoce que no existen actuaciones urbanísticas pendientes ni sanciones relacionadas con esta nave y, además, señala que el planeamiento urbanístico actual de Enguera no ofrece alternativas para reubicar la actividad en suelo urbano.

Una vía 'excepcional' para actividades en suelo rural 

Sin embargo, cabe recordar que este tipo de procedimientos no están exentos de polémica. Aunque la DIC es una herramienta prevista en la legislación urbanística valenciana, su uso plantea tensiones entre el desarrollo económico y la protección del entorno rural. La normativa exige que la actividad no sea incompatible con los valores paisajísticos o ambientales del lugar, y que no exista una alternativa viable en suelo urbano. 

En comarcas de interior como Canal de Navarrés, donde el valor agrario, forestal y natural del suelo sigue teniendo un peso importante, este tipo de casos suelen examinarse con lupa. No solo por su impacto directo, sino por el precedente que puedan establecer para futuras iniciativas similares.

Hasta que se cierre el periodo de exposición pública, la ciudadanía puede presentar por escrito cualquier observación u objeción relacionada con la legalización de esta nave. Una vez terminado el plazo, la Conselleria valorará tanto los informes técnicos como las alegaciones antes de tomar una decisión definitiva.