VALÈNCIA. La Plataforma por la Transparencia de las Indemnizaciones Justas del Consorcio (PTIJC) ha comenzado a revisar 60 expedientes de personas afectadas por la Dana del 29 de octubre de 2024. Su prioridad es promover las actuaciones necesarias para interrumpir la prescripción de las reclamaciones antes del próximo mes de octubre, cuando se cumplirán dos años de la tragedia. De este modo, quienes consideran insuficiente la indemnización recibida o mantienen discrepancias con la tramitación de su expediente podrán conservar su derecho a seguir reclamando.
Así lo explica a Valencia Plaza el especialista en mediación de seguros y uno de los impulsores de la iniciativa, José Santos de Blas. Según detalla, la PTIJC trabaja con cerca de 60 expedientes de particulares, autónomos y empresas valencianas. Entre ellos figuran 30 y 40 casos que él mismo venía gestionando desde noviembre de 2024 dentro de su actividad profesional y otros entre 20 y 30 que han llegado tras la presentación de la plataforma, que se dio a conocer el pasado mes de junio.
El objetivo es agrupar todos estos expedientes para presentar una primera reclamación conjunta ante el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). "Lo primero, lo más urgente, es interrumpir la prescripción para luego tener todo el tiempo del mundo para reclamar", afirma Santos de Blas. Según explica, esa actuación consiste en dirigir una comunicación al Consorcio manifestando la voluntad de reclamar sobre un expediente concreto. Esa gestión puede realizarla el propio afectado o un profesional en quien haya delegado su representación, ya sea un abogado, un mediador o un perito.
Santos de Blas subraya que la plataforma no pretende resolver todos los expedientes antes de octubre, sino evitar que el transcurso del tiempo impida a los afectados seguir defendiendo sus derechos. "Queremos interrumpir la prescripción de 60 valencianos y valencianas a la vez", señala el experto, en referencia a esa primera actuación conjunta que prepara la plataforma.
Algunos afectados ven insuficiente la indemnización del Consorcio
La actuación de la PTIJC coincide con la fase final de la tramitación de las indemnizaciones derivadas de la Dana. En su trigésima y última nota informativa, publicada el 5 de junio, el Consorcio de Compensación de Seguros informa de que ha recibido 251.538 solicitudes de indemnización por daños materiales y pérdida de beneficios como consecuencia de la Dana, de las que 23.348 corresponden a empresas.
El organismo asegura haber gestionado el 99,5% de las solicitudes recibidas y cifra en 1.219 los expedientes que todavía están pendientes de resolución. Hasta esa fecha había abonado más de 4.484 millones de euros y estimaba el coste total de esta siniestralidad en torno a los 4.800 millones. Al margen de los datos oficiales, la plataforma sostiene que todavía existen afectados que consideran insuficiente la indemnización recibida o que no están conformes con la valoración realizada en sus expedientes.
Santos de Blas explica que muchos de los casos que llegan a la PTIJC corresponden a diferencias entre las cuantías calculadas por los afectados y las reconocidas por el Consorcio, aunque también reciben consultas de personas que todavía no han conseguido cerrar su expediente por completo.
- La calle Almassereta de Picanya, afectada por la Dana del 29 de octubre de 2024. - Foto: KIKE TABERNER
Acompañamiento técnico y jurídico
La PTIJC se presentó el pasado mes de junio como una iniciativa profesional y ciudadana sin ánimo de lucro para asesorar a personas afectadas por la Dana. El proyecto reúne perfiles especializados en Derecho, seguros y peritación. Entre sus integrantes figuran el exmagistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, Javier Orduña; el catedrático de Derecho Civil y Derecho Digital de la Universitat de València, Javier Plaza Penadés; el perito judicial, Rafael Vázquez Rodríguez o el abogado Fernando Blanco Giraldo, representante en España de la red internacional Global Insurance Law Connect.
Según explicaron sus impulsores, la plataforma -sin ánimo de lucro- ofrece acompañamiento técnico y jurídico a particulares, autónomos y pequeñas empresas que deseen revisar su expediente antes de que expire el plazo para reclamar. Para ello, revisa la documentación aportada por cada afectado, analiza la valoración de los daños y determina si existen fundamentos para presentar una reclamación ante el Consorcio. En caso de apreciar indicios de una posible discrepancia, la prioridad pasa por promover la interrupción de la prescripción y continuar posteriormente con el estudio individualizado de cada caso.
En ese contexto, Santos de Blas insiste en que las personas afectadas por la Dana desconocen que reclamar una indemnización complementaria no implica perder la cantidad ya percibida. "Todo lo que han cobrado no se lo puede quitar nadie", sostiene. A su juicio, el paso del tiempo y el deseo de muchos afectados de "pasar página" han provocado que no se planteen revisar expedientes con los que nunca llegaron a estar conformes.
