VALÈNCIA. Las licencias urbanísticas tramitadas a través de entidades colaboradoras siguen generando tensión entre el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogiti) y el Ayuntamiento de Mislata. La semana pasada, el Consistorio salió al paso de la denuncia formulada por el colegio profesional, que había señalado a este municipio de l'Horta Sud como uno de los que estaban dificultando el uso de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas Valencianas (ECUV) para agilizar la concesión de licencias de obra. 

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Mislata defendió su actuación y justificó la no admisión o el reparo de algunos expedientes en "posibles irregularidades" detectadas por sus servicios técnicos. Unas declaraciones que no han sentado bien a los colegios profesionales de la provincia, agrupados bajo la Unión Profesional de Valencia. De este modo, la entidad ha salido en defensa del colectivo técnico y rechaza que se vinculen los problemas en la tramitación urbanística o las discrepancias administrativas a una supuesta mala praxis por parte de estos profesionales. 

Desde Unión Profesional consideran que las declaraciones del Ayuntamiento de Mislata son "injustas y perjudiciales" para un colectivo que ejerce su labor "bajo control colegial y normativo". Su presidente, Tomás Játiva, sostiene que "estas declaraciones dañan injustamente la reputación de miles de profesionales que desarrollan su actividad conforme a la legislación vigente y bajo exigentes estándares técnicos, deontológicos y de responsabilidad civil".

La organización recuerda que los técnicos colegiados actúan de acuerdo con la normativa autonómica y estatal, están sometidos a controles colegiales y responden legalmente de su actuación. En este sentido, advierte de que generalizar dudas sobre su profesionalidad no solo afecta a su prestigio, sino que introduce un elemento innecesario de desconfianza en los procedimientos administrativos y en la relación entre las administraciones públicas y los profesionales.

El trasfondo del conflicto se sitúa en la aplicación del marco normativo que regula las ECUV. La Generalitat Valenciana impulsó esta figura para aliviar la acumulación histórica de expedientes y los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas, un problema que durante años ha lastrado la actividad económica y la puesta en marcha de promociones residenciales. Este modelo se reforzó con la Ley 7/2023, que modificó la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y dejó sin efecto la posibilidad de que los ayuntamientos excluyeran de forma generalizada el uso de las entidades colaboradoras. 

Los colegios profesionales defienden el uso de las ECUV

Cogiti Valencia trasladó esta situación a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio tras detectar que algunos municipios no estaban aceptando proyectos tramitados por esta vía, lo que, según el colegio, provocaba retrasos de hasta un año en expedientes que podrían resolverse en poco más de un mes. El Consell emitió un escrito recordando que los ayuntamientos no pueden impedir que los particulares opten por la tramitación mediante entidades colaboradoras, conforme a la normativa autonómica vigente. 

Ese criterio fue remitido a las corporaciones locales a través del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia (Cosital), con el objetivo de clarificar la aplicación homogénea de la ley en toda la provincia. Desde Unión Profesional subrayan que el ordenamiento jurídico establece el principio de jerarquía normativa y la obligación de aplicar de forma uniforme las disposiciones autonómicas.

En este contexto, los colegios profesionales del ámbito técnico de la provincia se reunieron esta semana en Valencia y valoraron "de forma unánime y negativa" la situación generada en torno a la tramitación de expedientes urbanísticos mediante ECUV y las recientes declaraciones del Ayuntamiento de Mislata.

Según Játiva, "la profesionalidad del sector técnico no puede ponerse en cuestión de forma genérica ni utilizarse como argumento para justificar discrepancias administrativas o interpretativas". Unión Profesional de Valencia insiste en que las entidades colaboradoras están previstas en la normativa autonómica como instrumentos de apoyo técnico bajo control público y mantiene su defensa de una aplicación homogénea de la ley en todos los municipios.