VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Xàtiva continúa defendiendo la construcción del nuevo Palacio de Justicia en el antiguo monasterio de Santa Clara y acudirá a los tribunales para evitar que la Generalitat Valenciana abandone definitivamente este emplazamiento. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la resolución autonómica que confirma la reversión del inmueble al consistorio, así como la solicitud de medidas cautelares para suspender los efectos de esta decisión mientras se resuelve el procedimiento judicial.
El acuerdo responde a la resolución del conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública del pasado 10 de septiembre, que desestimaba el requerimiento presentado por el Ayuntamiento el 29 de junio y confirmaba la decisión de revertir la cesión de Santa Clara, aprobada inicialmente el 1 de junio. El consistorio considera que esta decisión supone un cambio de criterio injustificado respecto a los compromisos adquiridos por la propia Generalitat durante los últimos años y pone en riesgo una infraestructura imprescindible para Xàtiva y los 26 municipios que integran su partido judicial, con una población cercana a los 88.000 habitantes.
El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha manifestado que "no podemos aceptar que, después de tantos años de trabajo, de compromisos institucionales y de recursos públicos invertidos, la Generalitat decida abandonar unilateralmente un proyecto que estaba preparado para avanzar hacia su ejecución. Santa Clara sigue siendo la mejor ubicación para el Palacio de Justicia y defenderemos esta opción con todos los instrumentos legales a nuestro alcance, porque estamos hablando del futuro de un servicio público esencial para Xàtiva y toda la comarca".
El recurso municipal recuerda que la propia Generalitat Valenciana declaró en 2018 la idoneidad técnica de Santa Clara para albergar la nueva sede judicial, una consideración que dio lugar a la adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento y a su posterior cesión a la administración autonómica, formalizada en 2021. Desde entonces, la Generalitat impulsó la redacción de los proyectos técnicos, adjudicó los trabajos correspondientes y llegó a plantear una inversión aproximada de 25 millones de euros para construir un edificio judicial de unos 5.000 metros cuadrados en este emplazamiento.
El proyecto, redactado por los arquitectos José Ramón Esteve Cambra y Carlos Campos González, cuenta con trabajos técnicos avanzados, incluidos los proyectos de demolición, excavación, sustentación y arqueología. Además, el Ayuntamiento había concedido la correspondiente licencia de obras, cuya prórroga fue solicitada por la propia Conselleria en enero de 2025. Incluso, en junio de aquel año, la consellera de Justicia visitó Santa Clara acompañada por los responsables técnicos del proyecto y la jueza decana, quien expuso las graves deficiencias que presenta la actual sede judicial de la plaza de la Trinitat.
Un proyecto viable para responder a las nuevas necesidades judiciales
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la Generalitat para justificar el cambio de ubicación es la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que reorganiza la estructura judicial mediante la implantación de los tribunales de instancia. Según la administración autonómica, esta reforma comportaría nuevas necesidades de espacio, que elevarían la superficie requerida hasta los 6.952,5 metros cuadrados, por encima de los 5.007 metros cuadrados previstos inicialmente en Santa Clara.
Sin embargo, el Ayuntamiento considera que este argumento no justifica el abandono del proyecto, puesto que la legislación mencionada no establece requisitos específicos de superficie para las sedes judiciales. Además, un informe elaborado por los propios arquitectos redactores, a petición del consistorio, acredita que el edificio dispone de posibilidades de ampliación que no habían sido agotadas en la propuesta inicial.
En concreto, los técnicos señalan que se podría incrementar la superficie construida en hasta 2.070 metros cuadrados mediante la ampliación en altura y la incorporación de plantas subterráneas, siempre que se realizara la correspondiente revisión urbanística. Esta posibilidad permitiría alcanzar una superficie total superior a los 7.000 metros cuadrados y, por tanto, dar respuesta a las necesidades planteadas por la Generalitat sin tener que renunciar al emplazamiento original.
Por este motivo, el Ayuntamiento defiende que antes de abandonar definitivamente Santa Clara deberían estudiarse las posibilidades de adaptación del proyecto existente, una alternativa que considera más eficiente desde el punto de vista económico, urbanístico y administrativo.
Medidas cautelares para evitar una decisión irreversible
Junto con el recurso contencioso-administrativo, el Ayuntamiento ha acordado solicitar al TSJCV la adopción de medidas cautelares para suspender la efectividad de la reversión de Santa Clara e impedir que la Generalitat formalice la adquisición de otro solar destinado a la nueva sede judicial mientras se resuelve el procedimiento.
El consistorio considera que la ejecución inmediata de la reversión podría ocasionar perjuicios de difícil reparación, ya que comportaría el abandono de los trabajos técnicos desarrollados hasta ahora y podría consolidar una nueva ubicación antes de que existiera una resolución judicial definitiva.
En este sentido, el recurso también cuestiona la posibilidad de que la Generalitat adquiera por aproximadamente 2,6 millones de euros unos terrenos situados en un polígono industrial, sobre los que el Ayuntamiento ya ha advertido de problemas de compatibilidad urbanística. Según la documentación municipal, esta alternativa no dispone actualmente de un proyecto redactado, una licencia de obras ni los mismos avances administrativos que presenta Santa Clara.
Desde el consistorio se insiste en que el cambio de emplazamiento no solo implicaría empezar prácticamente desde cero, sino que podría prolongar durante años la situación actual de los juzgados de Xàtiva, que presentan importantes carencias de espacio, accesibilidad y funcionalidad.
El alcalde, Roger Cerdà, ha remarcado que "Xàtiva necesita un Palacio de Justicia nuevo y lo necesita cuanto antes. No tiene ningún sentido abandonar un proyecto en el que se ha trabajado durante años para empezar otro desde cero, con nuevos costes, nuevos trámites y plazos absolutamente inciertos. Nuestra obligación es defender los intereses de la ciudadanía y evitar que una decisión política acabe retrasando todavía más una infraestructura que es urgente".
La recuperación de Santa Clara y la revitalización del centro histórico
La defensa del emplazamiento de Santa Clara responde también a una visión de ciudad que apuesta por recuperar el patrimonio histórico y situar los grandes servicios públicos en espacios accesibles e integrados en la trama urbana. El proyecto permitiría dar un uso institucional estable a un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, al mismo tiempo que contribuiría a dinamizar económica y socialmente el centro histórico de Xàtiva.
El Ayuntamiento considera que la ubicación de la sede judicial en el centro urbano favorece la accesibilidad de los profesionales de la justicia y de la ciudadanía de los municipios del partido judicial, especialmente por su conexión con los servicios de transporte público y la proximidad a otros equipamientos y servicios.
Además, la inversión prevista, cercana a los 25 millones de euros, constituiría una actuación de gran trascendencia para la rehabilitación y revitalización del entorno de Santa Clara, con un impacto que iría más allá de la propia actividad judicial.
"Santa Clara representa mucho más que un edificio. Es una oportunidad para recuperar nuestro patrimonio, revitalizar el centro histórico y dotar a Xàtiva de unas instalaciones judiciales modernas y dignas. Es un proyecto de ciudad que contaba con el compromiso de la Generalitat y no renunciaremos a él sin haber agotado todas las vías posibles", ha concluido Cerdà.
Con esta decisión, el Ayuntamiento de Xàtiva reafirma su voluntad de continuar defendiendo el proyecto del Palacio de Justicia en Santa Clara y reclama a la Generalitat Valenciana que reconsidere su postura, recupere la colaboración institucional y priorice una solución que permita dar respuesta cuanto antes a las necesidades del servicio público de justicia.
