Compromís denuncia que Sanidad cede a seguros privados el servicio de traslado de emergencia

VALÈNCIA (EFE). El diputado de Compromís y portavoz de Sanidad, Carles Esteve, ha denunciado este lunes que la Conselleria ha enviado una circular a los trabajadores del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) para informar de un convenio con el que, "bajo la falsa premisa de la elección de servicio por parte del paciente, el gobierno de Mazón esconde el enésimo regalo a la sanidad privada".

Según ha explicado Compromís en un comunicado, "Sanidad ha establecido un nuevo protocolo por el cual se cede el uso del servicio de traslado de emergencias a los seguros privados", una decisión que Esteve considera “inaceptable y perjudicial para la calidad del servicio público de salud”.

“Lo que ha hecho Mazón es establecer un convenio por el cual pone a disposición de las empresas privadas un recurso que es público, que se paga de los impuestos de los valencianos. Estamos ante un caso muy dramático porque estamos hablando del servicio de emergencias, el traslado de pacientes, las ambulancias”.

Para el diputado de Compromís “la consecuencia más grave es que a un servicio que ya está funcionando muy precariamente lo vamos a cargar de más trabajo todavía, y además estamos hablando de un servicio en el que la vida de las personas depende del tiempo que tardamos en contestar”.

Ahora los trabajadores de los CICU tendrán que preguntar a quién está sufriendo una situación de emergencia si tienen seguro privado para ver si lo acaban enviando a un hospital o a otro. “Hacer esto en un servicio en el que cada segundo cuenta, es poner vidas en riesgo”, ha lamentado Esteve.

“Además, con esta decisión del gobierno de Mazón el 80 % de valencianos que no tenemos un seguro privado vamos a pagar a empresas privadas un servicio que no tienen y que tendrían que pagar ellos directamente”.

Desde Compromís se piden explicaciones a Mazón sobre esta situación, a la vez que se reclama una rectificación, “porque es una barbaridad, supone un retroceso en la gestión pública de la sanidad y pone en riesgo la seguridad y la atención de los pacientes”.