ALICANTE. (EFE).- La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, y el diputado Alberto Ibáñez han pedido este martes en Alicante restringir la llegada de cruceros a los puertos españoles por la contaminación que estos barcos suponen y una moratoria de 36 meses en la compra de viviendas a no residentes "para evitar la especulación".

Estas son dos de las múltiples propuestas que se deben llevar a cabo para que Compromís vote a favor de una investidura de Pedro Sánchez, una batería de peticiones entre las que se encuentran varias para combatir las "externalidades negativas" que produce el turismo masificado.

Así, han puesto de ejemplo que Alicante "es la quinta peor provincia de España" en salario medio por habitante, un hecho que se debe, han comentado, "al peso excesivo de la hostelería".

Los cuatro parlamentarios de Compromís integrados en el grupo Sumar del Congreso proponen ante esta situación una ley estatal que regule los apartamentos turísticos, al tiempo que han incidido en la necesidad de "seguir subiendo el salario mínimo interprofesional".

Han criticado la posición de Madrid "como aspiradora del conjunto de los recursos" y han censurado que cuando se habla de una agenda plurinacional "no es solo de Madrid y Cataluña", sino también del resto de territorios.

Micó también ha pedido la finalización del Corredor Mediterráneo, la ejecución de la variante de Torrellano y una "mayor ejecución" del plan de Cercanías 2017-2025, dentro de una batería de propuestas que exigirá la formación para apoyar un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y profundizando más sobre la cuestión ferroviaria, Micó ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de la variante de Torrellano para que Elche y Alicante dispongan de conexión con el aeropuerto. Respecto al tren de la costa, la portavoz de Compromís también ha pedido su ejecución  con paradas en El Verger y Ondara.

Como también explicaron este lunes en València, Compromís reclamará en esas negociaciones un nuevo modelo de financiación autonómica que atienda a criterios poblacionales y garantice los servicios públicos, al tiempo que exige que, mientras, se aplique un fondo de nivelación de unos 1.500 millones de euros anuales.

Asimismo, han resaltado que otra reclamación es la condonación de la deuda histórica "ilegítima" de 46.000 millones de euros del Estado con los valencianos.

Al respecto, Micó ha subrayado que tienen el apoyo de los 31 diputados de Sumar para avanzar en todas estas medidas: "Los diputados de Sumar van a defender estas medidas, que están plenamente justificadas".