VALÈNCIA (EP). La acusación de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana que requiera a Presidencia de la Generalitat información sobre dos empresas que tiene contratadas y que le mandaron noticias el día de la riada, que ha dejado 229 víctimas mortales. Así se desprende del escrito que ha presentado esta acusación a la jueza instructora de la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.
En concreto, en su escrito, ACPV expone que por parte de Presidencia de la Generalitat se contrató un servicio de seguimiento y recopilación de informaciones en medios escritos, digitales y audiovisuales sobre los ámbitos de actuación e interés para la Presidència que estaba vigente el día de la dana.
En concreto, de estas tareas se encargaban dos empresas, una de ellas con domicilio en València y, la otra, en Madrid. Esta última efectuaba un seguimiento en tiempo real de programas e informativos de radio y televisión y realizaba un inmediato envío de alerta a dispositivos móviles, a través de Whatsapp o servicio de mensajería instantánea, de la información de interés para la Generalitat.
El mensaje debía contener canal y programa en el que se había difundido la noticia y mención, hora exacta de la emisión, un resumen de la noticia, así como si se había emitido declaraciones, quién las realizaba, añadiendo un enlace audiovisual que contenía el corte de la noticia o mención.
Esos mensajes debían ser enviados por la empresa contratada en un tiempo máximo de cinco minutos desde la emisión de la noticia o de la mención. El servicio se prestaba diariamente, de 6 a 24 horas, y los mensajes se enviaban simultáneamente a todos los destinatarios.
Se exigía a la empresa contratada que enviara alertas de las informaciones emitidas por televisión en las que, aunque no se mencionara el nombre del presidente de la Generalitat, sí que apareciera su imagen, se recoge en el escrito.
Por parte de la mercantil valenciana, lo que se efectuaba era un dossier diario en formato PDF que recogía las noticias de interés para Presidència publicadas en prensa diaria de ámbitos nacional y autonómico. Se debía enviar por correo electrónico a una lista de distribución que gestionaba Presidència de la Generalitat a las 7 horas, de lunes a domingo, así como por mensajería instantánea.
Además, hacía una recopilación diaria, enviada por mensajería instantánea tres veces al día, a las 7, 16 y 20 horas, de lunes a domingo. El listado de las webs digitales de los principales medios nacionales escritos, emisoras de radio, televisiones o medios estrictamente digitales alcanzaba el centenar.
Ante estos datos, ACPV pide a la jueza que requiera a Presidencia copia de los contratos con estas dos mercantiles, así como un informe en el que conste el medio (Whatsapp o servicio de mensajería instantánea) por el que se recibían las alertas remitidas por la mercantil domiciliada en Madrid los días 28 y 29 de octubre, especificando los dispositivos de recepción y las personas, altos cargo de Presidència de la Generalitat y de la Consellería de Justicia e Interior que las recibieron, bien a través de teléfonos corporativos o particulares.
Además, solicita a la instructora que requiera a Presidència una copia de todos los mensajes recibidos desde esta mercantil mediante envíos simultáneos entre las 6 y las 24 horas del día 28 de octubre de 2024 y entre las 6 y las 24 horas del día 29.
También reclama copia de todos los mensajes recibidos desde la empresa mediante envíos simultáneos entre las 6 y las 24 horas del día 28 y entre las 6 y las 24 horas del día 29, en formato idéntico al recibido por las personas que los recibieron especificándose la hora exacta de recepción de los mismos.
Junto a ello, pide a la jueza que requiera a Presidencia una copia de los dossieres diarios en formato PDF remitidos por la empresa valenciana correspondientes a los días 28 y 29 de octubre de 2024, a las 7 horas de la mañana, especificando la lista de correos electrónicos que los recibieron correspondiendo a personal de Presidencia y de la Consellería de Justicia e Interior, bien corporativos o particulares, así como por la vía de mensajería instantánea.
