VALÈNCIA (EP). Acció Ecologista-Agró ha presentado un total de 109 enmiendas que afectan a 46 artículos y a las disposiciones adicionales de la nueva ley forestal de la Generalitat, al considerar la norma "desafortunada y poco justificada".
La entidad ecologista considera que, "si la proposición echa adelante sin modificaciones sustantivas, sufriremos un grave retroceso en la preservación y gestión de nuestros bosques", ha advertido en un comunicado.
De estas enmiendas, 50 son de modificación, con propuestas de redacción alternativa al texto presentado; 40 son de adición, para incorporar nuevos contenidos; y 19 de supresión, para eliminar partes no deseadas.
Según AE-Agró, el nuevo marco legal "podría facilitar la ocupación de los espacios forestales por actividades impropias, comportar la desaparición de las figuras de protección y los órganos de participación, así como la supresión de las cautelas ambientales ante planes y proyectos de gran extensión territorial que, si no se evalúan adecuadamente, pueden provocar la degradación de partes muy importantes del patrimonio forestal valenciano".
Además, el colectivo ha advertido de que al menos 16 artículos o disposiciones de este proyecto "entran en colisión o contradicción con leyes de ámbito estatal superior", como la vigente Ley 43/2003 de Montes y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También con la Directiva 92/43/CEE sobre Conservación de Hábitats, con el Reglamento (UE) 2024/1991, referido a la restauración de la Natura y con la Directiva 2009/147/CE, de Conservación de las Aves.
Desde AE-Agró han subrayado que esta ley "tiene una importancia esencial, puesto que afecta además de la mitad del territorio valenciano", donde perviven "unos ecosistemas de gran valor que van mucho más allá de su belleza natural, de su efecto paisajístico o de su atractivo turístico y emocional".
Para la organización, la creación de una figura de "pago por servicios ambientales" resulta ser "una pantalla propagandística, falsa, que esconde la posibilidad de que estas subvenciones puedan utilizarse por actividades que de ninguna forma ayudan a proteger los valores del bosque".
"Al contrario, sin controles y verificaciones necesarias, pueden ir a parar a actividades de explotación inadecuada y mala gestión forestal, que aumentarían los problemas latentes", ha expuesto.
En cuanto a la introducción de una nueva figura de "superficie forestal transitoria", la organización ha mostrado "serias dudas hacia su utilidad". Cree que "de poco servirá teniendo en cuenta que buena parte de estas áreas no son adecuadas para desarrollar actividades agrícolas viables y sostenibles".
Además, consideran que si se aplica "sin rigurosa supervisión y verificación, permitirá el cambio de uso encubierto de suelo forestal hacia otras actividades ajenas al bosque y a las actividades tradicionales, incluyendo construcciones, instalaciones industriales, y otras actividades económicas inapropiadas".
Según Acció Ecologista-Agró, esta nueva proposición de ley pretende derogar la normativa vigente, de 1993, elaborada por un gobierno del PSPV "que, aunque con deficiencias y carencias, fue renovadora y avanzada por su tiempo".
"Volvemos a la visión de la España franquista y fuera de las corrientes fundamentales que inspiran las directivas ambientales europeas. Volvemos a la caverna", concluyen representantes del colectivo.
