VALÈNCIA. La investigación judicial de la Dana que se cobró la vida de 229 personas examina la actuación de las administraciones que eran garantes de la protección de los ciudadanos. La Generalitat Valenciana es el principal foco de la instrucción, que sigue el juzgado número 3 de Catarroja, donde además figuran como protagonistas agencias estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero los ayuntamientos han aparecido también en la boca de algunos de los declarantes.

Sus decisiones serán objeto de análisis: resulta de especial interés para las pesquisas la información con la que contaban los consistorios para actuar como actuaron. Por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Algemesí es especialmente revelador pues fue uno de los dos únicos consistorios -el otro, el de València- que aquella jornada convocaron su órgano de gestión de emergencias, el Cecopal. Ahora, además, se conoce que el municipio de la Ribera Alta, situado en la confluencia entre el río Magro y el río Júcar y donde perdieron la vida cuatro personas, también pidió la paralización de la actividad industrial sobre las 17h de la tarde aquel día.

Así consta en uno de los mensajes emitidos por el propio Ayuntamiento a través de su canal de difusión oficial de Whatsapp, que cuenta con más de 11.000 seguidores. "El Ayuntamiento pide que de forma ordenada y con mucha calma se proceda a parar la actividad en las áreas industriales", instó el consistorio en el aviso, que se envió tanto en valenciano como en castellano, y que ha sido aportado a la causa. En él, el ayuntamiento explicaba que el núcleo del temporal que estaba afectando "negativamente" a la localidad estaba "reportando intensidades que triplican la torrencialidad". Por ello, a través del mensaje se pedía "seriamente a la población" que no realizara desplazamientos que no fueran "estrictamente necesarios".

Resulta reseñable en términos cronológicos porque cuando se envió esta alerta a través de la mensajería instantánea, apenas estaba empezando la reunión de emergencias de la Generalitat Valenciana, el Cecopi, presidido por la entonces consellera del ramo, Salomé Pradas, y con la asistencia de otros máximos responsables de emergencias, bomberos, policía autonómica y la UME, además de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y el jefe de climatología de Aemet, José Ángel Núñez. A esa hora, tanto el director general de Emergencias, Alberto Martín, como el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, explicaban en el Cecopi las complicaciones que se estaban viviendo en la zonas de Utiel-Requena, en la cabecera del río Magro.

Pero horas antes, el municipio ya sufría las consecuencias de las primeras inundaciones. A las 15.55h se registró la primera llamada al 112 alertando de que había "una casa inundada" y que el agua "llegaba por la rodilla". Con todo, lo cierto es que el aviso del ayuntamiento llegó con bastante antelación al desbordamiento del Magro a su paso por la localidad. Cerca de hora y veinte minutos antes, a juzgar por las llamadas registradas por el servicio de emergencias, que sitúa a las 18.22h la primera comunicación de un vecino alertando del "río desbordado".

Aquella jornada, hubo en total 78 llamadas al 112 desde Algemesí, entre las cuales destacan avisos por los daños materiales que estaban provocando la lluvia pero también peticiones de rescate. Resultan llamativas peticiones como las de una mujer de 73 años, a la que el agua llegaba "por debajo de los sobacos", o las de otra persona que llamaba alertando de que un centenar de personas se encontraban atrapadas en la carretera yu habían tenido que subir a los vehículos para no verse arrastrados por el agua.

Aún así, la solicitud de que se paralizase toda la actividad industrial en el municipio, acompañada de la petición de que la población no realizara desplazamientos prescindibles, se emitió más de tres horas antes desde que el Cecopi enviara la alerta masiva a la población, a las 20.11h. Un aviso "tardío y erróneo", según ha reiterado la jueza instructora de la causa, que constituye el eje fundamental de la investigación.