ALICANTE (EP). El Consell ha aprobado el proyecto de decreto que regula la Comisión de Precios de la Generalitat y su intervención en los procedimientos para la implantación o revisión de precios o tarifas sujetos al régimen de autorización y comunicación.

El objeto de la norma es establecer el régimen regulador y el funcionamiento de este órgano colegiado, así como sus formas de intervención en la fijación de tarifas de bienes y servicios de competencia autonómica o local, especialmente en sectores como el suministro de agua a poblaciones y el transporte público urbano, informa la administración en un comunicado.

El objetivo es "adaptar" la normativa valenciana a los cambios producidos en el marco legislativo estatal. En concreto, el decreto se ajusta a la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que "impide" la actualización de precios en función de índices generales.

También a la Ley 9/2017, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que "redefine" la naturaleza jurídica de las contraprestaciones que abona la ciudadanía, y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, detalla la Generalitat.

"Estas leyes han modificado la naturaleza jurídica de las contraprestaciones que abona la ciudadanía, pasando a ser prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en servicios como el abastecimiento de agua", señala el Consell.

Nueva composición y funciones

De conformidad con la nueva regulación, la Comisión de Precios se adscribe a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Entre sus funciones principales, destaca la emisión de informes preceptivos para la aprobación de tarifas de taxi, transporte público y agua.

Como "novedad significativa" en su composición, se incorpora una persona como vocal en representación de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias. Con esta medida, se pretende "equiparar su participación con la de las organizaciones empresariales representativas de los sectores afectados, atendiendo así a una propuesta realizada por Les Corts".

Asimismo, ha continuado, "se incorporan representantes técnicos de las direcciones generales competentes en recursos hídricos, administración local y de la Junta Superior de Contratación Administrativa, con el fin de enriquecer las deliberaciones técnicas del órgano".

El decreto también introduce una modificación técnica "relevante", según el Consell, en las fórmulas de revisión de las tarifas de agua: la eliminación del coeficiente corrector por retracción de consumos. Esta medida busca "evitar que se penalice el ahorro y la eficiencia en el uso del agua, protegiendo así los intereses de las personas usuarias y fomentando el uso sostenible de los recursos naturales".

Por otra parte, ha proseguido, "se adapta el régimen de las tarifas de taxi a la normativa autonómica vigente, estableciendo que el servicio se prestará, dentro del ámbito municipal o del área de prestación conjunta, bajo tarifas urbanas autorizadas por los ayuntamientos o la conselleria competente, previo informe de la Comisión de Precios".

"La implementación de este decreto no tendrá repercusión económica para la Generalitat, ya que se atenderá con los medios personales y materiales actuales de la Conselleria", ha zanjado la administración autonómica.