VALÈNCIA. El dosier que investiga al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a su entorno que lleva semanas flotando en el escenario político valenciano ha cobrado un mayor protagonismo en los últimos días, especialmente tras las informaciones publicadas por eldiario.es, primer medio que ha difundido parte de su contenido, y los ataques de la oposición por esta cuestión en el Debate de Política General celebrado el lunes. Una circunstancia que ha agravado la situación del jefe del Consell que, cabe recordar, todavía no ha sido confirmado como candidato por la dirección nacional del PP.
Más allá de las cuestiones concretas que aborda, la síntesis ejecutiva del informe -donde no figuran los anexos- de unas 40 páginas, a cuyo contenido ha tenido acceso Plaza, desprende en su estructura y enfoque una clara intención de diseccionar las cuestiones estratégicas más relevantes, tanto desde un punto de vista político y periodístico como judicial, para provocar — o justificar — una caída del presidente de la Generalitat. Esta es una de las cuestiones más importantes del expediente, del que se desconoce su autoría y, lo más importante, quién o quiénes lo encargaron, si bien la manera en la que está elaborado y presentado, así como el objetivo que parece querer alcanzar, invita a pensar en un caso de "fuego amigo", lo cual indicaría el alto nivel de tensión interna en el PPCV.
Así, el informe se inicia con un cuadro de calificación de riesgos basado en ocho vectores cuyo resultado parece desaconsejar de forma palmaria que Pérez Llorca sea el candidato del PP a la Generalitat. De hecho, el informe considera que las informaciones contenidas presentan un riesgo político "crítico", un riesgo mediático "muy alto", un riesgo jurídico-administrativo "real" y un riesgo penal "real". Y añade: "El material está listo para publicar o registrar en un juzgado de forma inmediata. A doce meses de las elecciones, el factor tiempo opera en contra". En este sentido, en el dosier se desliza, como "ideas que el comité debe retener", la "concentración" de casos sobre la misma persona y considera esta suma "letal", apuntando a que existe un patrón de "decisión pública" que concluye en "beneficio patrimonial familiar".
"El expediente reproduce, sobre el mismo territorio y sobre el mismo partido, el patrón que el electorado valenciano acaba de castigar con la caída del anterior President. La narrativa del 'otro Mazón' se construye con cuatro o cinco titulares", señala el informe. Una interpretación política del autor o autores que, además, refuerza por la relación de Pérez Llorca con otros dirigentes que califica como "red flags del círculo cercano al president", entre ellos el exdiputado David Serra, en su día condenado por Gürtel.
En esta línea, el dosier se centra en diversas decisiones que podrían tener recorrido judicial. Además, desgrana en cada una de ellas el "impacto previsible si se publica" y los "titulares plausibles" que podrían difundir los medios de comunicación, lo que pone de manifiesto el carácter transversal del expediente, que no se limita a una simple valoración de riesgos legales, sino que profundiza en aspectos que tienen que ver con la imagen y papel de Pérez Llorca como presidente y futuro candidato.
Y no sólo eso, en el mapa de riesgos que realiza con ocho vectores, incluye un párrafo explicativo que pone de manifiesto la intencionalidad del informe: "Los dos primeros vectores son la munición real (...) la conexión Serra amplifica narrativamente porque introduce 'Gürtel' y un recurso de amparo vivo ante el Tribunal Constitucional. Los vectores 4 a 8 actúan como contexto y prestan credibilidad por arrastre". Un párrafo que parece indicar, paso a paso, una estrategia de demolición sobre la figura del presidente.
Más aún cuando el último de los apartados de esta síntesis ejecutiva se refiere a los posibles escenarios "de filtración del expediente". Así, el informe señala tres posibles canales para dar a conocer el documento: la filtración a un medio, el uso por parte de la oposición política o la entrega íntegra a un instructor judicial.
En el primero de los casos, la secuencia probable que vaticina el informe es la de un "goteo controlado" en los medios con los diferentes vectores y traza unas consecuencias de crisis de entre 3 y 6 semanas con capacidad de reactivación de 12 a 18 meses, "picos coordinables hacia las autonómicas de 2027" y un "riesgo penal activado". En el segundo, el expediente se inclina por interrelaciones en Les Corts, traslado a Anticorrupción (la líder del PSPV, Diana Morant, ya anunció este miércoles que lo llevaría a la Fiscalía) y la solicitud de comparecencia del presidente, entre otras, con una consecuencia vaticinada de "parlamentarización y judicialización simultánea". En cuanto al tercer escenario, la entrega a un instructor judicial, lo cual el expediente lo considera el "más grave" con "posibilidad de imputación formal del President".
Dos vectores con riesgo "muy alto"
El informe contiene un total de ocho vectores, dos de los cuales reciben la calificación de riesgo "muy alto", pues el autor observa un recorrido penal "directo". Se trata de los dos únicos apartados que claramente giran sobre la figura del president y su patrimonio, lo que el autor considera la "munición real" del documento; mientras el resto de ámbitos se relacionan con acciones vinculadas a personas — entre ellas varios altos cargos del Consell y parlamentarios — con las que el jefe del Consell mantiene una relación de confianza.
El primero de los vectores 'problemáticos' se centra en la reurbanización de la Avenida Benidorm de Finestrat, cuya adjudicación de las obras necesarias firmó el propio Pérez Llorca en 2021 en su condición de Alcalde. Según el informe, Rancallosa I SL, empresa familiar de la que el president es "apoderado y partícipe", cuenta con tres fincas "colindantes o inmediatas al perímetro de la obra". Estas actuaciones habrían generado una plusvalía de entre 400.000 y 620.000 euros en dichas propiedades, calculan los creadores del informe.
El autor del documento considera que estos hechos coinciden con el "patrón clásico de conflicto de interés con vía penal directa" y apunta a que el tema podría derivar en un "titular de apertura inmediato" en un medio de comunicación, así como activar "peticiones de expediente vía Transparencia, Antifraude, Sindicatura y, posiblemente, Fiscalía Anticorrupción". De la misma manera que en el resto de apartados, el informe incluso llega a plantear una propuesta de "titular plausible" de esta información en prensa.
Por su parte, el segundo de los vectores pone la sospecha sobre un plan general urbanístico de Finestrat, cuyo documento consultivo fue firmado por Pérez Llorca apenas un mes antes de llegar al Palau de la Generalitat Valenciana. Una información que vincula al "patrimonio rústico familiar" del president, que alcanza los 20.319m² en diez fincas: seis (11.799m²) de tres sociedades del "clan familiar" y otras cuatro (8.520m²) "a nombre personal de la madre del investigado". En este sentido, la investigación apunta a una posible revalorización de lo terrenos —que en el informe estiman en un total de 4,1 millones de euros— si el plan general llegara a entrar en la práctica.
El resto de vectores giran en torno a personas de confianza del president, contrataciones del Consell para la reconstrucción tras la Dana, vínculos a empresas de "la órbita del PP" o una relación con un "socio hispanorruso". En definitiva, una serie de materias que evidencian una clara intención de los autores de sembrar la sospecha sobre el jefe del Consell y su entorno con actos con posible recorrido judicial a pocos meses de las elecciones autonómicas, para las que Génova sigue sin oficializar quién será el candidato de los populares.
Llorca reta a llevar el dosier al juzgado
Por su parte, el presidentede la Generalitat aseguró este miércoles, estar "súper tranquilo" respecto a la existencia del citado dosier y también aseguró no estar preocupado por lo que pueda pensar 'Génova', ya que la semana pasada estuvo hablando con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo que le trasladó es que el partido en la Comunitat "siga trabajando así".
Además, retó a quien tenga ese dosier a llevarlo a la justicia. "Si alguien dice que tiene un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada y lo que quiere es volver a esas cloacas a las que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista".
