VALÈNCIA (EP). La Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, l'Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y Damnificados por la Dana de l'Horta Sud de València, han reclamado a la Conselleria de Justicia que mantenga los puestos de refuerzo y el equipo actual que trabaja con la jueza que investiga la gestión de la catastrófica Dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Las entidades han registrado una carta ante Justicia por la situación de los refuerzos en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, según han apuntado en un comunicado. En la misma trasladan su "preocupación" por las consecuencias que puede tener la reducción de recursos en esta causa "clave para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas".

Así, las entidades rechazan la decisión de suprimir parte de los refuerzos de personal adscritos al juzgado y han recordado que, tal y como comentó la instructora de la Dana, la retirada de cuatro de los cinco puestos de refuerzo supondrá una grave dilación en la instrucción.

A juicio de las asociaciones, resulta "especialmente grave" que esta decisión afecte a un equipo de trabajo que lleva meses dedicado exclusivamente a la causa, "con personal que conoce perfectamente el procedimiento y que funciona ya como un equipo coordinado y especializado".

"No se trata solo de mantener unos puestos de trabajo, sino de evitar la pérdida de un equipo humano que ya conoce a fondo la causa y que resulta esencial para su buen desarrollo", insisten.

Al respecto, han recordado que las víctimas han defendido "desde el primer momento" que la justicia necesita recursos "suficientes, estabilidad e independencia para poder actuar con rigor, celeridad y garantías. La tutela judicial efectiva no es una mera declaración simbólica, sino que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución".

Por este motivo las entidades ven "preocupante" que, mientras la sociedad valenciana continua reclamando verdad, justicia y reparación, la Conselleria "impulse decisiones que pueden ralentizar la investigación".

"Plenamente compatibles"

Las entidades han indicado que sus reivindicaciones son "plenamente compatibles" con el derecho del personal funcionario a estabilizar sus plazas y con los procesos legales de provisión y consolidación laboral.

"Las víctimas --han añadido-- no cuestionamos los derechos laborales del personal de la Administración de Justicia. Precisamente por eso, consideramos que corresponde a la Conselleria organizar adecuadamente los recursos humanos y materiales para que los procesos de estabilización no impliquen el desmantelamiento de los equipos especializados ni una afectación negativa sobre una causa judicial de enorme trascendencia social y humana".

Por todo, las entidades reclaman el mantenimiento íntegro de los puestos de refuerzo adscritos al juzgado; y la garantía de continuidad funcional y estabilidad de los equipos de trabajo vinculados a la instrucción de la causa, "preservando íntegramente el equipo que ya trabaja en ella".

Además, piden la compatibilización de los procesos de estabilización del personal con el refuerzo efectivo de los recursos humanos del juzgado; la garantía pública de que no se producirá ningún retraso ni debilitamiento de los recursos humanos y materiales; y un compromiso real y verificable de refuerzo de la Administración de Justicia.

"Las víctimas no podemos aceptar decisiones que ponen en riesgo la celeridad y la eficacia de una investigación judicial imprescindible para el derecho a la verdad y la reparación. Continuaremos defendiendo una justicia con recursos, independiente y respetuosa con las víctimas", han finalizado.