VALÈNCIA (EFE).  La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha solicitado al comisionado del Gobierno para la recuperación tras la dana, José María Ángel, una serie de medidas concretas y urgentes para acelerar las labores de recuperación del sector agrario.

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado; el secretario general, Juan Salvador Torres, y el ingeniero agrónomo Juan Manuel Peiró han traslado estas peticiones a Ángel y al subdirector general del Comisionado, Roger Llanes, que fue secretario autonómico de Agricultura en el último gobierno del Botànic, en la reunión que han mantenido este lunes.

El encuentro ha tenido lugar en un clima de cordialidad, objetividad, pragmatismo y entendimiento, según la organización agraria.

AVA-ASAJA ha pedido que la empresa pública TRAGSA, una vez haya realizado la oportuna peritación de los daños en las infraestructuras y explotaciones agrarias damnificadas por la dana, conceda la opción a los propietarios que así lo deseen de abonarles una compensación con la cantidad económica peritada para que ellos mismos, de manera directa o contratando a terceros, se encarguen de agilizar las reparaciones necesarias.

Para Aguado, "es absurdo que TRAGSA arregle todo lo que la DANA ha destrozado, porque tendría faena acumulada para varios años y los cultivos no pueden esperar".

"La mejor opción que siempre hemos defendido ante la Administración es que sean los propios agricultores, que son quienes saben mejor que nadie lo que necesitan y en qué orden de prioridad, arreglen los destrozos con el mismo dinero pero con más rapidez", ha sostenido.

La segunda medida que la organización ha destacado al Comisionado del Gobierno es expropiar las parcelas situadas junto a cauces y barrancos que han quedado arrasadas, en muchos casos totalmente desaparecidas, por la dana.

"En lugar de destinar ingentes fondos públicos a restaurar estos terrenos que podrían volver a sufrir graves daños en futuras riadas, tan frecuentes en la cuenca mediterránea, sería más provechoso aprobar una línea de ayuda (mucho menos costosa) para expropiar", ha explicado.

"De ese modo, la Administración emplearía mucho menos dinero, los barrancos y ríos verían adecuada su anchura a la zona real de inundación en caso de temporales intensos, y los propietarios recibirían una compensación suficiente para poner en marcha otra explotación en un área no inundable, ha defendido Aguado.