Barrachina pide al Gobierno que no repercuta a regantes el coste de los daños de la Dana

VALÈNCIA (EFE).  El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamado al Gobierno que no repercuta a los regantes los costes de las obras de emergencia y reparación por la dana ejecutadas en el Canal Júcar-Turia (30 millones) y el Canal Principal del Camp del Túria (15 millones).

Reclama que no sea una exención posterior sino que se apruebe una normativa específica que evite directamente la repercusión de estos costes ya que la Administración General del Estado "tiene capacidad y precedentes para ello".

Barrachina ha calificado de “injusto y discriminatorio” que las comunidades generales del Canal Júcar-Turia y del Camp del Túria queden fuera del marco de ayudas que sí han beneficiado a otras comunidades de regantes afectadas.

“No es posible que el propietario de los cauces, responsable de los daños por su dejadez, pretenda ahora trasladar las consecuencias de su falta de gestión a las víctimas”, ha considerado el conseller.

Ha criticado que las "negligencias cometidas bajo su responsabilidad", en alusión a la exministra Teresa Ribera, "recaigan ahora sobre los agricultores", y ha asegurado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "no puede pretender cargar a los regantes con el coste de unas actuaciones excepcionales que responden a un episodio climático extremo".

Las inundaciones causadas por la dana provocaron daños en las infraestructuras hidráulicas de varias comunidades de regantes, lo que hizo necesaria la ejecución inmediata de obras para restablecer el riego en unas 50.000 hectáreas de cultivo.

Estas actuaciones han sido financiadas por el Ministerio, pero la Confederación Hidrográfica del Júcar ha comunicado que repercutirá estos costes a los usuarios a través del Canon de Regulación y la Tarifa de Utilización del Agua, en aplicación del artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA).

Para el conseller, el Estado ha respondido en otras situaciones excepcionales con medidas normativas que evitan cargar estos costes a los usuarios finales, por lo que es "lógico y justo" que se actúe de igual forma ahora.