VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha avanzado que la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación "ya se encuentra operativa" con el propósito de garantizar a las víctimas "asesoramiento, prevención y una atención integral y gratuita" en toda la Comunitat Valenciana. Con ello, se han habilitado más de 100 puntos de atención directa, a través de 37 oficinas de atención a víctimas del delito y 66 puntos del Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad (Justiprop).
Del mismo modo, Camarero también ha anunciado durante su intervención este jueves en el pleno de Les Corts que desde la Conselleria de Vivienda se está tramitando una nueva línea de ayudas, por valor de 250.000 euros, destinada a "proteger a los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal", según recoge la Generalitat en un comunicado.
Estas nuevas ayudas combinan "una respuesta jurídica y económica, orientada a reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en el mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la propiedad", puesto que el programa financiará, por un lado, el asesoramiento legal necesario para recuperar la vivienda y, por otro, la reparación de los posibles daños ocasionados en los inmuebles.
"Frente a una Ley de Vivienda del Gobierno de España que protege más al okupa que al propietario, este Consell actúa con firmeza frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, dando seguridad jurídica y apoyando al propietario. Y todo ello, sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda", ha subrayado Camarero.
La consellera ha enmarcado estas medidas en el Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas del Consell que, según ha reivindicado, supone "un cambio de modelo en la forma de afrontar la ocupación ilegal y la inquiocupación, que se han convertido en un problema de primera magnitud que afecta a miles de propietarios con incidencia directa en la convivencia, el deterioro de los barrios, la inseguridad y la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y la inviolabilidad del domicilio".
Refuerzo de la seguridad jurídica
Para hacer frente a esta problemática, Camarero ha incidido en el refuerzo de la seguridad jurídica, con formación especializada para Policías Locales por parte del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) de la Conselleria de Emergencias e Interior, así como el desarrollo de jornadas dirigidas a abogados y personal de las oficinas de atención a través del Colegio de Abogados y las universidades.
En esta misma línea, ha resaltado "el impulso a la coordinación institucional" y ha citado el convenio de colaboración suscrito en 2025 con los administradores de fincas, que permite distribuir y compartir información de las fincas que gestionan; o el trabajo conjunto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), a través de jornadas que abordan aspectos jurídicos de la ocupación, además de facilitar información sobre los recursos disponibles para hacer frente a esta problemática.
Asimismo, la vicepresidenta ha indicado que en el portal web de la Conselleria de Vivienda se ha habilitado "un espacio específico dedicado a la problemática de la ocupación ilegal de viviendas", el cual "centraliza información útil y recursos prácticos para la ciudadanía, entre los que destaca la Guía del Plan contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, concebida para orientar tanto a propietarios como a profesionales en la materia".
Falta de vivienda
Susana Camarero ha asegurado que la ocupación y la inquiocupación son "síntomas de un problema mayor: la falta de vivienda" y ha defendido que el Consell actúa ante esta situación "en todos los frentes: construimos más vivienda, movilizamos suelo, apoyamos a los jóvenes en el acceso a la vivienda y protegemos a los propietarios".
No obstante, ha advertido de que, "sin una reforma de la legislación estatal, será imposible erradicar por completo este problema, dado que la ocupación incide directamente sobre la oferta de vivienda". "Miles de viviendas han salido del mercado del alquiler por la inseguridad jurídica en la que nos encontramos", ha avisado.
Por este motivo, ha instado al Gobierno de España a adoptar los cambios normativos necesarios para "agilizar los procedimientos judiciales, reforzar la capacidad de actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y devolver la seguridad jurídica a los propietarios".
